Jueves, 28 de octubre del 2021

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Defensoría exhorta a Perú Libre a evitar el acoso político hacia Dina Boluarte y Betssy Chávez

"Conociendo el reciente pronunciamiento del partido político Perú Libre (...) exhortamos a incurrir en ninguna manifestación de acoso político"

Señalaron que el acoso político tiene su origen en los estereotipos de género. Foto: Perú21

"Conociendo el reciente pronunciamiento del partido político Perú Libre (...) exhortamos a incurrir en ninguna manifestación de acoso político"

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que instó al partido Perú Libre a evitar el acoso político hacia las ministras de Estado, Dina Boluarte y Betssy Chávez. "Exhortamos a incurrir en ninguna manifestación de acoso político", manifestaron este jueves.

"El acoso político es una manifestación de violencia basada en el género y discriminación contra las mujeres que limita su derecho a la participación política. Es una conducta individual o grupal que menoscaba, anula, impide, limita y obstaculiza sus derechos políticos por su condición de mujer. Por ello, rechazamos esta modalidad de violencia, que se presenta en los distintos ámbitos de la política", subrayaron.

Señalaron que el acoso político tiene su origen en los estereotipos de género y la distribución de roles en la sociedad, que conminan a las mujeres a permanecer en los espacios privados (el hogar, por ejemplo) y dejarlas fuera del ámbito público (como la participación efectiva en la política en cargos como alcaldesas, regidoras, congresistas, u otros). 

"Conociendo el reciente pronunciamiento del partido político Perú Libre sobre un posible proceso disciplinario contra dos mujeres militantes que vienen ejerciendo la titularidad de dos ministerios en el actual Gobierno, exhortamos a incurrir en ninguna manifestación de acoso político", destacaron.

Finalmente, demandaron al Jurado Nacional de Elecciones a implementar la reglamentación para la aplicación de pena de multas a aquellos/as que cometan actos de acoso político. Y solicitaron a las instituciones competentes y a los gobiernos regionales y locales a cumplir con las obligaciones determinadas por la Ley 31155.