Defensoría pide severa sanción para implicados en entrenamiento a sicarios

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, expresó su preocupación por la supuesta participación de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el abastecimiento de armas a bandas criminales y entrenamiento a sicarios.

Exigió la "inmediata investigación y severa sanción administrativa y judicial" para quienes estarían vinculados con estas organizaciones delictivas.

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Asimismo, pidió que el Estado, en su condición de garante de la seguridad ciudadana, informe sobre los mecanismos de prevención y control para evitar estos casos. 

“Es importante tener en cuenta que el artículo 44° de la Constitución consagra que es deber primordial del Estado: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, dicho esto valdría la pena analizar si se viene cumpliendo con los mecanismos de control en salvaguarda de la ciudadanía”, señaló el Defensor del Pueblo en un comunicado.

Indicó también, en lo que respecta a la venta ilegal de armas de guerra y entrenamiento a sicarios en la que habrían participado miembros de las FF.AA. y PNP, según lo expuesto por el propio Ministerio del Interior, es primordial conocer los mecanismos de prevención que ha adoptado el Estado peruano a efectos de impedir que hechos como estos se produzcan.

“Además de los eventuales procesos penales que se emprenderán en contra de los supuestos autores de estos repudiables y repetitivos actos, habría que analizar si es pertinente incluir a los ministerios de Defensa y/o Interior como “Tercero Civilmente Responsable”, dada la posición de garante que tiene con respecto a los bienes jurídicos vulnerados y a que evidentemente, los órganos de control, como las oficinas de Inspectoría, no estarían cumpliendo su trabajo”, indicó Gutiérrez.

Mencionó también, que corresponde al Estado la adopción de medidas inmediatas que garanticen que sucesos de similar naturaleza no vuelvan a acontecer. 

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“Se hace necesaria una reforma total de los mecanismos y protocolos de seguridad que regulan el uso y almacenamiento de las armas institucionales, en el mismo sentido corresponde fortalecer los servicios de contrainteligencia y de inspectoría”.