Mi?rcoles, 20 de noviembre del 2019

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Defensoría del Pueblo planteó la revisión de los contratos de peajes

Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre peajes. Foto: Andina

Con el objetivo de "evitar la generación de beneficios económicos indebidos de parte de las empresas"

La Defensoría del Pueblo planteó a la Municipalidad Metropolitana de Lima, proceder a la inmediata revisión de los contratos relacionados con los peajes, para esclarecer si estos y las adendas celebradas, "cuentan con el debido sustento económico financiero".

Según informó, tanto para “evitar la generación de beneficios económicos indebidos de parte de las empresas, como para sustentar la razonabilidad de las medidas acordadas contractualmente por las gestiones ediles anteriores”.

“En un contexto como el que estamos viviendo, resulta inadmisible que los modelos económico-financieros de este tipo de contratos, sigan siendo confidenciales”, indicó.

“Frente a la actual situación de las concesiones viales conocidas como Línea Amarilla y Rutas de Lima, la Defensoría del Pueblo recuerda que se ha pronunciado desde el año 2017, sobre el costo de la tarifa de los peajes y su legitimidad, así como sobre el cobro del peaje electrónico; haciendo propuestas y exigiendo a las autoridades la realización de revisiones, renegociaciones y reformas legislativas en favor de los derechos ciudadanos”, refiere la Defensoría.

Destacó que no solo debe existir una adecuada gestión de las concesiones, sino también “la habilitación de vías alternas que respeten estándares socialmente aceptables. Los peajes siempre deben contar con vías alternas de calidad que aseguren un tiempo razonable para el desplazamiento”.

En ese sentido, pidió al Congreso que, con urgencia, priorice el estudio y debate del proyecto de ley N° 947/2016-DP, que promueve la transparencia durante la gestión de contratos de asociación público privada, presentado por la Defensoría el 08 de febrero del 2017 y derivado a la Comisión de Fiscalización y Contraloría el 13 de febrero del mismo año.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo solicita al Poder Ejecutivo, que haga suya la iniciativa legislativa mencionada, porque “estamos seguros de la urgencia de una reforma como la planteada y de los impactos positivos que ella tendría en la política de lucha contra la corrupción”.

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