Falta de abogados no permite allanamiento

En un operativo conjunto denominado 'Tormenta 2024', las autoridades peruanas lograron desmantelar una presunta banda criminal que se dedicaba al robo de mercancías de camiones provenientes del terminal portuario de Villa Oquendo, en el Callao.  

La acción fue llevada a cabo por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú.   

La fiscal Magnolia Puertas y el general Carlos Céspedes, jefe de la División de Investigación Criminal, explicaron que la banda operaba desde el 26 de junio de este año.

En uno de los asaltos frustrados, los delincuentes bajaron al conductor y su acompañante antes de ser interceptados por la policía, recuperándose mercancía valorada en más de 80,000 dólares.

Demoras en allanamiento

Durante la operación, cinco viviendas fueron allanadas y tres personas detenidas. Sin embargo, el proceso se vio afectado por una nueva ley que exige la presencia de defensores públicos durante los allanamientos.  

Esto retrasó las diligencias, ya que los defensores públicos no comenzaron su labor hasta las 8 de la mañana, hora de inicio de actividades del Ministerio de Justicia.

'Nos hemos dirigido al Ministerio de Justicia para pedir la habilitación de defensores públicos en turno noche, para que las diligencias no se vean afectadas', comentó la fiscal Puertas. Además, se han cursado oficios para garantizar que los defensores trabajen a la par del Ministerio Público y la Policía.

Investigan otros casos relacionados 

El operativo ha permitido la identificación de más implicados y se espera que continúen las investigaciones. Según el coronel Franco Moreno, jefe de la unidad operativa, se están analizando hasta 45 casos similares que podrían estar relacionados con esta banda criminal.

'Este es un trabajo en contra de la criminalidad que se manifiesta en nuestras calles, y vamos a continuar obteniendo resultados', afirmó. 

La nueva normativa ha cambiado la dinámica de los operativos, que ahora deben ajustarse al horario de oficina de los defensores públicos, lo cual podría afectar la efectividad y rapidez de las intervenciones policiales.