Denuncia constitucional contra Víctor Torres por abuso de poder

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Víctor Manuel Torres Falcón, en su condición de exministro del Interior.

Se le acusa de haber cometido presunto abuso de autoridad contra el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Luis Angulo Tejada.

La denuncia fue realizada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, y forma parte de un proceso formal previsto en el marco legal vigente. Las presuntas acciones de Torres Falcón habrían vulnerado la autonomía funcional de la Policía Nacional.

Denuncia apunta a presiones indebidas dentro de la PNP

Según la Fiscalía, Torres Falcón habría interferido directamente en decisiones internas de la Policía relacionadas con los procesos de pase al retiro de oficiales generales.

Estas decisiones corresponden al año 2024 y debieron ejecutarse por motivos de renovación de cuadros y reasignación de cargos.

Además, se le atribuye haber utilizado su cargo para influir indebidamente sobre Angulo Tejada, quien entonces ocupaba el puesto más alto en la estructura policial. Estos actos habrían afectado el principio de meritocracia dentro de la institución.

Resolución suprema habría consolidado el abuso de autoridad

Una de las pruebas principales señaladas por la Fiscalía es la Resolución Suprema N.º 019-2024-IN, firmada por Torres Falcón el 22 de enero de 2024.

En ella, se resuelve dar por concluida la designación de Angulo Tejada como comandante general de la Policía y disponer su pase a retiro.

La resolución, si bien es un instrumento legal del Ejecutivo, estaría viciada por haber sido impulsada sin base objetiva ni técnica, y con presunto abuso de las atribuciones del entonces ministro.

Congreso deberá evaluar el caso

Con esta denuncia, el Congreso de la República tiene la responsabilidad de evaluar el fondo del asunto. De proceder, se podría inhabilitar a Torres Falcón para ejercer función pública o dar paso a investigaciones penales más amplias.