Dictan nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos tras atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano Noguera.

De acuerdo con la resolución judicial, la medida preventiva se aplica por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito. El plazo de la prisión preventiva se contabiliza desde el 26 de febrero de 2026 hasta el 25 de noviembre del mismo año.

Durante la audiencia, el magistrado también dispuso que se curse oficio al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para el traslado e internamiento del investigado en el establecimiento penitenciario que se determine.

Investigación por muerte de Lizeth Marzano

El juez Adolfo Farfán señaló que la medida se dicta mientras se desarrolla la investigación correspondiente sobre los hechos relacionados con la muerte de Lizeth Marzano Noguera.

Según se indicó durante la audiencia, el proceso judicial busca esclarecer las circunstancias del accidente de tránsito y determinar responsabilidades en los delitos imputados.

El magistrado también dispuso que el plazo de prisión preventiva se compute desde el momento de la detención del investigado, ocurrida el 26 de febrero de 2026.

Defensa anuncia apelación a prisión preventiva

Tras conocerse la decisión judicial, la defensa técnica de Adrián Villar anunció que presentará un recurso de apelación contra la medida de prisión preventiva.

Durante la audiencia, la defensa solicitó además la entrega de la resolución completa emitida por el juzgado para sustentar el recurso correspondiente.

En tanto, la representación legal del Estado y la defensa de los familiares de Lizeth Marzano Noguera manifestaron su conformidad con lo resuelto por el magistrado.

Debate legal sobre la tipificación del delito

Durante el proceso también se mencionó que la familia de la víctima solicitó al Ministerio Público evaluar un cambio en la tipificación del delito.

Según se explicó, el pedido busca que el caso pase de homicidio culposo, cuya pena máxima es de ocho años, a una figura penal distinta que implique mayor responsabilidad.

De acuerdo con lo señalado en la audiencia, el debate jurídico en las próximas etapas del proceso se centrará en determinar si el delito se mantiene como culposo o si corresponde una recalificación, mientras continúan las diligencias de investigación del caso.