Las economías ilegales moverían USD 31 mil millones en el Perú

Las economías ilegales mueven alrededor de 31 000 millones de dólares en el Perú, una cifra alarmante que equivale al 8% del Producto Bruto Interno (PBI), según los datos del Índice Global de Crimen Organizado. El abogado y experto en temas ambientales, César Ipenza, alertó que la minería ilegal es la actividad criminal que concentra el mayor flujo de dinero ilícito en el país, habiendo representado por sí sola 11 500 millones de dólares durante el año pasado.

Ipenza explicó que la consolidación de este delito responde a factores externos como las guerras y las crisis internacionales, variables que incrementan el precio del oro y empujan a muchas personas a migrar hacia este negocio ilícito. Sin embargo, denunció que el factor interno más crítico es la aprobación de las denominadas "leyes pro crimen", las cuales impiden al Estado ejercer un rol real de fiscalización y otorgan impunidad a las redes delictivas.

Entre estas normas cuestionadas, el especialista citó la modificatoria de la ley contra el crimen organizado y la iniciativa legislativa impulsada por el congresista Sánchez, la cual impide a la Policía Nacional incautar explosivos a los mineros que tienen el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) suspendido. Según Ipenza, las constantes ampliaciones del Reinfo otorgan un escudo de protección legal desproporcionado, evitando que las fiscalías especializadas en materia ambiental puedan procesar a los infractores por el delito de minería ilegal, aun cuando destruyen bosques y contaminan fuentes de agua.

Especialista plantea que el Gobierno tome el control de las plantas de beneficio

Como medida urgente para frenar este avance delictivo, el experto ambiental planteó que el Estado debe tomar el control inmediato de las plantas de beneficio, lugares estratégicos ubicados en zonas costeras como Chala, Nazca y Trujillo. Según detalló, gran parte del mineral extraído en los yacimientos ilegales termina siendo "lavado" en estas plantas antes de salir del país por vías marítimas y aéreas. Ipenza sugirió que el control de dichos complejos pase a manos del gobierno nacional a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Finalmente, el especialista precisó que los otros 20 000 millones de dólares que completan la cifra de la economía ilegal en el país provienen de un abanico de actividades criminales en expansión. Entre ellas se encuentran la tala ilegal, el tráfico de vida silvestre —un delito que calificó como invisible en las políticas públicas— y pérdidas que ascienden a 60 millones de dólares dentro del sector eléctrico por conexiones clandestinas y fraudes.