Ejecutivo busca impedir que sentenciados por corrupción trabajen para el Estado

El Poder Ejecutivo presentó una iniciativa legal para impedirles a las personas sentenciadas por los delitos de lavado de activos, terrorismo, corrupción y contra la administración pública prestar servicios en el Estado.

Así, la propuesta enviada al Congreso plantea que los ciudadanos con condena consentida por los delitos de lavado de activos, apología del terrorismo, terrorismo, colusión, peculado y corrupción de funcionarios no podrán trabajar en la administración pública.

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El Gobierno también propone la obligación de inscribir las condenas en el Registro de Sanciones para Servidores Civiles y de notificar las mismas por parte del Poder Judicial ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Igualmente, establece el deber de los deudores de reparación civil de informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos su domicilio real y actividad económica. 

Dicha información debe ser incluida en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por delitos en agravio del Estado, agrega el proyecto.

La iniciativa legal del Poder Ejecutivo señala como requisito para acceder a un puesto en el Estado no tener sentencias condenatorias por los ilícitos descritos anteriormente ni sanción administrativa que acarree inhabilitación.

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Por último, la propuesta legislativa busca la modificación del artículo 100 del Código Penal para que la acción civil sea inextinguible.

Andina