Elvia Barrios advierte falta de presencia estatal en Condorcanqui y alerta por expansión de minería ilegal

La jueza suprema e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Elvia Barrios, advirtió sobre las dificultades que enfrenta el Estado para atender los casos de violencia sexual contra menores de edad en Condorcanqui, región Amazonas, y alertó sobre la expansión de la minería ilegal en las comunidades ubicadas a lo largo de los ríos de la zona.

Durante una entrevista con Canal N, Barrios explicó que una comisión de expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitó Condorcanqui para verificar las condiciones en las que funcionan las instituciones encargadas de atender los casos de violencia. Según señaló, el organismo reconoció los avances alcanzados por el Poder Judicial, pero identificó mayores dificultades en otras entidades del sistema de justicia.

Barrios señaló que el Poder Judicial recibió presupuesto para fortalecer el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

En Condorcanqui, indicó, se implementaron juzgados de investigación preparatoria, juzgados unipersonales y un colegiado. Además, en los tres distritos principales de la provincia existen equipos multidisciplinarios y cámaras Gesell.

La jueza explicó que también se cuenta con traductores de awajún, aunque todavía existen limitaciones para cubrir todas las necesidades lingüísticas de la zona. Asimismo, el Poder Judicial dispone de tres deslizadores para facilitar el traslado de personal y el desarrollo de diligencias en Santa María de Nieva, Río Santiago y Cenepa.

“Nosotros, como Poder Judicial, a través del informe que hicimos el Consejo Ejecutivo, envió un informe documentado dando señales de alerta al ministro de Salud, al ministro de Educación, al ministro de Justicia, a todas las instituciones, al de Cultura incluso, pusimos en alerta sobre esta situación”, sostuvo 

“Es la comisión de la OEA que ha ido a visitar y ha verificado los avances significativos que tiene el Poder Judicial”, señaló Barrios.

Más de 600 medidas de protección emitidas en 2026

La magistrada sostuvo que la magnitud del problema de violencia puede observarse en las estadísticas del Poder Judicial. Según informó, entre enero y agosto de 2026 se emitieron 623 medidas de protección en Condorcanqui y se registraron 397 casos de violencia. Asimismo, indicó que se emitieron 142 decisiones finales en materia penal durante el mismo periodo.

Barrios sostuvo que estas cifras demuestran que el sistema de justicia viene funcionando pese a las dificultades logísticas y geográficas que existen en la provincia. Sin embargo, advirtió que las instituciones enfrentan problemas de conectividad, falta de servicios básicos y condiciones precarias para el alojamiento de los jueces y otros funcionarios que deben permanecer en las comunidades.

OEA pide fortalecer otras instituciones

Barrios señaló que la evaluación realizada por las expertas de la OEA evidenció que el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer requieren mayores recursos y capacidades para atender adecuadamente a las víctimas.

Uno de los principales problemas identificados es la falta de psicólogos para las cámaras Gesell administradas en coordinación con el Ministerio Público. También señaló la ausencia de suficientes hogares de refugio para proteger a las menores víctimas de violencia sexual.

Según explicó, algunas víctimas deben ser trasladadas hasta Moyobamba para alejarlas de sus agresores, debido a que no existen suficientes espacios de protección en la propia zona. La jueza consideró necesario fortalecer además las unidades de flagrancia. En ese contexto, anunció que el Poder Judicial prevé inaugurar próximamente una unidad de flagrancia en Bagua.

"Por eso por lo que en esta oportunidad el Poder Judicial dijo, necesitamos que la Comisión de la OEA, haga una verificación sobre el estado situacional de las instituciones. No para que nos haga una auditoría, sino para que nos den asistencia técnica”, agregó. 

Barrios cuestiona relativización de violencia sexual

La magistrada cuestionó las interpretaciones del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, que atribuyen los casos de violencia sexual contra menores a determinadas prácticas culturales. Sostuvo que no se debe responsabilizar a las comunidades awajún o wampis por los delitos cometidos contra niñas y adolescentes y remarcó que quienes deben responder son los agresores.

Barrios calificó como un “error conceptual grave” considerar que este tipo de violencia forma parte de una práctica cultural y sostuvo que los derechos fundamentales de los menores deben ser protegidos independientemente de su origen o comunidad.

También señaló que el Poder Judicial mantiene un diálogo con dirigentes comunales para establecer mecanismos que permitan mejorar la coordinación entre la justicia estatal y las autoridades indígenas.

Advierte expansión de minería ilegal en Condorcanqui

Durante su reciente visita a la zona, Barrios también constató la presencia de minería ilegal en distintos puntos de los ríos de Condorcanqui. Relató que, durante el recorrido entre Santa María de Nieva, Utupis y Cenepa, observó numerosas dragas instaladas en las riberas. Según indicó, la actividad se encontraría prácticamente normalizada en algunos sectores.

La magistrada sostuvo que estas operaciones cuentan con combustible, mangueras y equipos para extraer material del lecho de los ríos, pese a la ausencia de presencia policial en la zona. Además, afirmó que pudo observar a adultos y menores alrededor de las dragas y recibió información de que algunos niños serían utilizados para realizar labores de buceo relacionadas con la extracción de oro.

Barrios consideró que estas situaciones podrían configurar delitos como explotación laboral y trata de personas, además de los delitos vinculados con la minería ilegal. También alertó sobre la contaminación de los ríos derivada de estas actividades y el uso de sustancias como el mercurio.

Pide mapear comunidades y reforzar presencia del Estado

La jueza advirtió que la falta de presencia estatal dificulta el control de la zona y alertó que la expansión de la minería ilegal podría generar una situación similar a la registrada en La Pampa, en Madre de Dios, si no se adoptan medidas.

Barrios sostuvo que las autoridades no pueden limitar su intervención a ciudades como Bagua o Santa María de Nieva, debido a que existen numerosas comunidades alejadas y de difícil acceso que no cuentan con vías terrestres.

Explicó que algunos poblados ni siquiera figuran adecuadamente en los mapas oficiales y que, para entregar una notificación, los funcionarios pueden necesitar desplazarse en embarcaciones pequeñas y luego caminar durante horas.

Por ello, planteó como primer paso mapear el territorio, identificar las comunidades existentes, evaluar los riesgos y determinar las condiciones de seguridad antes de implementar planes itinerantes de justicia u otras intervenciones estatales.

Finalmente, Barrios sostuvo que la situación de Condorcanqui requiere una estrategia coordinada entre las instituciones del Estado, con enfoque intercultural y presencia efectiva en las comunidades más alejadas, para atender tanto la violencia contra menores como los delitos asociados a la minería ilegal.