Viernes, 07 de mayo del 2021

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Exigen a Ollanta Humala aprobar el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura

Movimiento ciudadano envía un mensaje al mandatario.

Movimiento ciudadano envía un mensaje al mandatario.

Tras una espera de más de ocho años, el Congreso de la República aprobó el pasado miércoles 11 de junio el proyecto de ley que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo para llevar a cabo el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNP), el cual depende del Ejecutivo para su aprobación final.

A manera de un llamado a las autoridades,  los familiares de las víctimas de este flagelo se unieron a organizaciones como Amnistía Internacional (AI), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), el Centro de Atención Psicosocial (CAPS), incluyendo una serie de personajes públicos como Jimena Lindo, Claudia Cisneros y Guillermo Giacosa, así como congresistas y el defensor del pueblo con el objetivo de pedirle al presidente de la República, Ollanta Humala, aprobar dicho proyecto de Ley.

De este modo, se busca instaurar un Mecanismo que prevenga estos delitos en lugares de privación de libertad (como penales y comisarías, centros de adolescentes infractores, instituciones psiquiátricas, entre otros).

Entre las funciones del MNP están el examinar periódicamente el trato a las personas privadas de libertad con miras a fortalecer su protección; el hacer recomendaciones a las autoridades competentes para mejorar el trato y condiciones de estas personas; comunicar a las autoridades competentes sobre la existencia de delitos o irregularidades que requieran investigación; coordinar con instituciones nacionales e internacionales de naturaleza pública o privada, entre otras. 

El MNP será independiente de los tres poderes del Estado y deberá contar con la colaboración de la sociedad civil y funcionarios públicos. Estos últimos estarán obligados a otorgar toda información sobre las personas privadas de libertad para garantizar su protección.