Extinción de dominio: Advierten peligro para más de 5000 casos
El Congreso está evaluando una modificación de la ley de extinción de dominio, lo que podría poner en riesgo más de 5,500 casos, entre ellos los de figuras políticas y empresariales de alto perfil
Pedro Pablo Kuczynski, ex presidente, está siendo investigado por posibles aportes ilícitos provenientes de la empresa Odebrecht.
En este contexto, sus propiedades en San Isidro y Cieneguilla podrían pasar a manos del Estado, como parte de un proceso de extinción de dominio, una figura legal que permite la confiscación de bienes adquiridos a través de actividades ilícitas.
El proceso de extinción de dominio implica que, tras una investigación, un juez puede decidir si los bienes relacionados con actividades ilegales deben ser incautados y transferidos al Estado.
En el caso de Kuczynski, la decisión de extinción de dominio fue tomada en primera instancia, aunque aún está pendiente de apelación.
Impacto de la Modificación de la Ley
El Congreso está evaluando una modificación de la ley de extinción de dominio, lo que podría poner en riesgo más de 5,500 casos, entre ellos los de figuras políticas y empresariales de alto perfil como Vladimir Cerrón, Rodolfo Orellana, Alejandro Toledo, Artemio, y Martín Vizcarra.
Si se aprueba la modificación, podrían verse afectadas propiedades de estos involucrados, vinculadas a actividades ilícitas, y que actualmente están en proceso de incautación.
El abogado de Pedro Pablo Kuczynski argumenta que sus propiedades fueron adquiridas mucho antes de que se le acusara de actividades ilegales y que su patrimonio proviene de su carrera profesional exitosa.
Según la defensa, la extinción de dominio no debería aplicarse a bienes adquiridos legítimamente antes de las acusaciones. Además, insisten en que el proceso penal debe ser independiente del proceso de extinción de dominio, lo que significa que los bienes no deberían ser incautados sin una sentencia condenatoria firme.
Postura de la Fiscalía
La Fiscalía sostiene que, bajo la actual ley, los procesos de extinción de dominio pueden seguir su curso de manera autónoma, sin tener que esperar el resultado de la vía penal.
Esto ha generado preocupación, ya que, si el proceso de extinción se condiciona a una sentencia penal firme, muchos casos podrían ser archivados y no recuperados.
Desde la implementación de esta norma, el Estado ha logrado recuperar más de 560 millones de soles entre 2019 y 2024, lo que subraya su efectividad en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Sin embargo, la posible modificación de la ley podría afectar la continuidad de este proceso.
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