Exviceministro Julio Corcuera propone una ruta contra el crimen

El exviceministro de Seguridad Pública, Julio Corcuera, se presentó en los estudios de Canal N para analizar la crisis de seguridad ciudadana tras reportarse el asesinato de tres conductores de transporte público en un periodo menor a 24 horas. Durante la entrevista, el especialista advirtió sobre el riesgo de que la sociedad civil y los actores políticos normalicen la violencia, el miedo y la presencia de organizaciones criminales nacionales y transnacionales. El experto señaló que, a diferencia de lo que ocurría hace un año, cuando hechos similares motivaban paros y protestas masivas, actualmente estos sucesos corren el riesgo de ser tomados como anécdotas.

El exfuncionario público remarcó la importancia de establecer criterios mínimos o un acuerdo programático entre los líderes políticos, de cara a los próximos debates de los equipos técnicos y candidatos presidenciales de la segunda vuelta electoral. Según explicó, la discusión pública se ha concentrado en la competencia electoral, lo que ha distraído la atención de las reformas de fondo necesarias para neutralizar las capacidades logísticas y financieras del crimen organizado en el país.

Medidas estructurales, control financiero y extinción de dominio

Para combatir a bandas dedicadas a la extorsión, como las dirigidas por alias el "Monstruo", el "Jorobado" u organizaciones criminales internacionales, Julio Corcuera planteó centrar los esfuerzos del Estado en interceptar los recursos económicos y los medios que utilizan para operar. Detalló que el cobro de cupos a empresas de transporte se realiza de manera recurrente mediante transferencias bancarias y billeteras digitales como Yape o Plin, además del uso de empresas fachada. En ese sentido, propuso reformular y aplicar la figura jurídica de la extinción de dominio para orientarla específicamente hacia las organizaciones que ejercen el crimen organizado violento.

Asimismo, el especialista aclaró que la lucha contra la inseguridad no depende exclusivamente del trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP), sino que involucra a diversas instituciones del Estado que deben asumir su rol de fiscalización. Afirmó que la venta de chips telefónicos informales a nombre de terceros requiere una intervención directa del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y de las empresas operadoras. De igual manera, vinculó el control de las cuentas bancarias a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la fiscalización de armas y municiones a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Prevención social y la crisis en el sistema carcelario

En el ámbito social y preventivo, el exviceministro expresó su preocupación por estudios recientes que detectan dinámicas lúdicas en entornos escolares, donde menores emulan las actividades de bandas delictivas del norte de la capital o del norte del país. Sostuvo que este fenómeno requiere la intervención del Ministerio de Educación (Minedu) para implementar planes de prevención comunitaria dentro de los colegios, debido a que no constituye un problema estrictamente policial, sino un indicador de desgaste social y cultural.

Finalmente, respecto a la situación del sistema penitenciario, Julio Corcuera cuestionó la persistencia de antenas repetidoras de internet y telefonía celular en las inmediaciones de diversos penales del país, las cuales facilitan la comunicación de los internos con sus cómplices en el exterior. Al evaluar los planes de deshacinamiento penitenciario del Poder Ejecutivo, el experto advirtió que el excedente actual de la población reclusa supera los 60 000 internos, lo que evidencia la complejidad técnica y operativa de la infraestructura requerida.