Familiares de Jenss Lara obtuvieron contratos con el Estado

El secuestro del minero Jenss Lara Tantaquilla y el posterior homicidio de su agente de seguridad, Luis Alberto Rojas Ramos, ocurridos el pasado 30 de agosto en la ciudad de Trujillo, pusieron al descubierto una extensa red de contrataciones públicas en Pataz. De acuerdo con una investigación periodística de Cuarto Poder, el entorno familiar materno del empresario secuestrado logró concentrar adjudicaciones y contratos con el Estado por un monto acumulado que supera los 11 millones de soles en una zona caracterizada por una elevada presencia de minería aurífera.

Las pesquisas iniciales determinaron que la víctima mortal, quien ejercía como custodio de Lara Tantaquilla, figuraba formalmente en los registros oficiales como representante legal del Consorcio Supervisor Allauca. Esta agrupación empresarial obtuvo la adjudicación de una consultoría de obra pública valorizada en 354 mil soles en el distrito de Tayabamba. El contrato fue suscrito durante la gestión edil de Aldo Carlos Mariños, actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad, lo que activó las indagaciones de la Fiscalía de la Nación sobre el origen y destino de los fondos públicos.

Esptructura empresarial concentró contratos millonarios en municipios de La Libertad

Los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) confirman que el grupo familiar posicionó a diversos parientes directos en compañías proveedoras del Estado. En este esquema, los primos hermanos del minero secuestrado, Luis Steven Campos Tantaquilla y Yimi Gerardo Rojas Tantaquilla, aparecen vinculados a la Constructora Ohana S.A.C., firma que acumuló contratos por un total de 3 millones 786 mil soles en la municipalidad distrital de Chillia.

Por su parte, la empresa Tantaquilla Contratistas S.A.C., integrada por los tíos maternos Dora Tantaquilla Domínguez, Alberto Tantaquilla Domínguez y Yannino Tantaquilla Domínguez, logró adjudicarse licitaciones públicas por una cifra superior a 1 millón 383 mil soles. Asimismo, la revisión financiera involucra a la proveedora ESCOSEG S.A.C., asociada a Toni Rojas Tantaquilla, y a la Constructora e Inmobiliaria Consinperu S.A.C., entidades cuyos domicilios fiscales declarados en el centro de Lima no presentan actividad comercial comprobable.

Ante la concentración de proveedores en una misma demarcación geográfica, la especialista en contrataciones estatales Johanna Rodríguez sostuvo que se requiere una fiscalización profunda por parte de los órganos de control. La experta señaló que resulta indispensable determinar la existencia de posibles direccionamientos o la simulación de procesos de selección destinados a otorgar la buena pro de las obras. En tanto, el analista político Iván Arenas advirtió que la adjudicación de obras públicas suele ser empleada como un mecanismo para el lavado de activos provenientes de la extracción ilegal de oro.

Nexos políticos e investigaciones fiscales marcan el caso de minería en Pataz

El secuestro de Jenss Lara Tantaquilla dejó al descubierto las violentas disputas entre organizaciones delictivas por el dominio de la zona aurífera de Pataz y sus ramificaciones en la política local. Respecto a los señalamientos por las licitaciones otorgadas en su jurisdicción, el exalcalde y candidato regional Aldo Carlos Mariños negó haber sostenido conocimiento directo sobre las contrataciones adjudicadas a los allegados del empresario secuestrado.

El historial del empresario da cuenta de que ya registraba antecedentes legales antes del ataque armado del 30 de agosto. La Fiscalía de la Nación incluyó a Lara Tantaquilla en investigaciones iniciadas en el año 2020 por la presunta realización de operaciones comerciales con mineral de procedencia ilícita. Dichas pesquisas constituyen el antecedente formal sobre sus actividades económicas en la provincia de Pataz.

Frente a las sospechas generadas por el caso, Eleuterio Lara, padre de la víctima de secuestro, rechazó públicamente que los recursos económicos de sus hijos provengan de economías ilegales o sirvan para financiar contrataciones con el Estado. Pese a estas declaraciones, la presencia de personal de seguridad desempeñando representación legal en consorcios con el sector público refuerza la hipótesis de las autoridades sobre el uso de testaferros para la movilización de capitales en la región La Libertad.