Fernando García considera “muy genérico” pedido de facultades y plantea priorizar seguridad ciudadana

El diputado del partido del Buen Gobierno rechazó que la posición de los diputados frente al pedido de facultades responda a una intención de obstruir al Gobierno. Afirmó que el objetivo es que el Ejecutivo precise qué medidas necesita y presente proyectos concretos que puedan ser discutidos por el Congreso
El diputado del Partido del Buen Gobierno, Fernando García, consideró que el Congreso debería evaluar con especial atención el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y sostuvo que, de las 66 materias solicitadas, respaldaría principalmente aquellas relacionadas con el combate contra la criminalidad y la seguridad ciudadana.
En entrevista con Canal N, García cuestionó que el Gobierno haya presentado un pedido amplio y genérico y planteó que, en lugar de solicitar facultades sobre múltiples materias, el Ejecutivo debería presentar proyectos de ley específicos para que sean debatidos por las comisiones parlamentarias correspondientes.
El diputado explicó que la Comisión de Constitución derivó el pedido del Ejecutivo a 13 comisiones, de acuerdo con las materias involucradas, entre ellas modernización del Estado, transporte y vivienda.
Según señaló, varias de estas comisiones vienen considerando que no sería necesario otorgar facultades legislativas al Gobierno en determinados ámbitos. En su lugar, plantean que el Ejecutivo presente proyectos concretos para analizarlos con especialistas y elaborar normas que respondan a las necesidades del país.
El legislador sostuvo que la amplitud del pedido dificulta el debate parlamentario y puede generar la percepción de que la Cámara de Diputados busca bloquear al Ejecutivo.
“Estamos en una situación en la que no podemos hacer nada”, afirmó al cuestionar que las 66 solicitudes no hayan sido acompañadas, según su apreciación, de iniciativas legislativas específicas que permitan a cada comisión evaluar las medidas.
García respaldaría facultades para seguridad ciudadana
Consultado sobre qué materia estaría dispuesto a respaldar, García señaló que su prioridad sería el apoyo al combate contra la criminalidad y la seguridad ciudadana. El diputado consideró que el Ejecutivo necesita herramientas para enfrentar la inseguridad, pero sostuvo que estas deben estar claramente delimitadas y contar con una temporalidad específica.
En ese sentido, cuestionó que dentro del pedido de facultades no se haya incluido una propuesta concreta para la reestructuración y reorganización de la Policía Nacional, una medida que consideró necesaria para mejorar la capacidad de respuesta frente al crimen.
García recordó que durante la campaña presidencial Jorge Nieto planteó la necesidad de una reorganización de la Policía y sostuvo que este asunto debería formar parte de las medidas que se evalúen para fortalecer la seguridad.
“No hay un ánimo obstruccionista”
El parlamentario rechazó que la posición de los diputados frente al pedido de facultades responda a una intención de obstruir al Gobierno. Afirmó que el objetivo es que el Ejecutivo precise qué medidas necesita y presente proyectos concretos que puedan ser discutidos por el Congreso.
“Nosotros planteamos: ¿quieres que te apoyemos? Dinos específicamente en qué necesitas estas facultades y te apoyaremos”, sostuvo.
García advirtió además que el Perú cuenta con numerosas leyes que no necesariamente se cumplen o resultan operativas y consideró que el Congreso debe evitar continuar aprobando normas sin evaluar previamente su impacto y aplicación.
Fenómeno El Niño no requeriría facultades, según García
Respecto a las medidas para enfrentar el Fenómeno El Niño, el diputado consideró que el Ejecutivo ya cuenta con mecanismos para adoptar acciones de prevención y respuesta.
Señaló que el Gobierno ha recurrido a decretos y otras herramientas normativas, además de mecanismos como las obras por impuestos, para impulsar proyectos destinados a enfrentar los efectos del fenómeno climático.
Por ello, sostuvo que no sería indispensable otorgar facultades legislativas específicas en esta materia y consideró que la Comisión de Constitución debe evaluar con prudencia cuáles de las 66 solicitudes requieren realmente una delegación de facultades.
García explicó que los informes de las 13 comisiones serán evaluados por la Comisión de Constitución, cuya opinión será la que determine la propuesta que finalmente se someta al Pleno. Precisó que los pronunciamientos de las comisiones sectoriales no tienen carácter vinculante y que la Comisión de Constitución puede adoptar una posición distinta tras analizar el conjunto de informes.
Según estimó, el dictamen podría estar listo la próxima semana, debido a los plazos establecidos para resolver el pedido del Ejecutivo. El legislador señaló que la Comisión de Constitución se encuentra en sesión permanente y que, tras recibir los informes pendientes, podría adoptar una decisión entre el lunes y el miércoles de la próxima semana.
No considera oportuno convocar a una Asamblea Constituyente
En otro momento, García se refirió al proyecto presentado por el parlamentario Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, que plantea modificar las reglas del referéndum y reabrir el debate sobre una eventual Asamblea Constituyente.
El diputado aclaró que el Partido del Buen Gobierno mantiene una coalición política con Juntos por el Perú para la Mesa Directiva del Congreso, pero precisó que no se trata de una alianza política y que cada agrupación conserva su independencia.
García sostuvo que “no es el tiempo” para impulsar una Asamblea Constituyente y consideró que cualquier modificación a la Constitución puede ser debatida directamente por el Congreso sin necesidad de convocar a una instancia constituyente.
No obstante, señaló que sí existen aspectos de la Carta Magna que podrían ser materia de discusión, particularmente en el ámbito económico.
Cuestiona concentración económica
El diputado recordó que el Congreso anterior modificó 52 artículos de la Constitución y consideró que algunas de esas reformas no necesariamente contribuyeron a mejorar las condiciones del país.
García sostuvo que el modelo económico establecido constitucionalmente corresponde a una economía social de mercado, pero afirmó que en la práctica existen características que, a su juicio, se acercan a un modelo mercantilista.
En ese sentido, planteó discutir la concentración económica y cuestionó la existencia de monopolios y oligopolios que, según afirmó, permiten que determinados grupos económicos tengan una influencia excesiva sobre distintos sectores de la economía.
Finalmente, reiteró que el debate constitucional debe centrarse en reformas concretas y no necesariamente en la convocatoria de una Asamblea Constituyente.








