Fiscalía confirma riesgo estructural en sede del Ministerio de Vivienda y revela que no cuenta con certificado de Defensa Civil

El fiscal Óscar Díaz Alegre informó que el edificio no cuenta con certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y confirmó la apertura de una investigación por presuntos delitos relacionados con la seguridad de los trabajadores
La Fiscalía de Prevención del Delito confirmó este martes que existe preocupación por las condiciones estructurales de la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, luego de la inspección realizada tras el reportaje periodístico de Cuarto Poder que alertó sobre posibles deficiencias en el edificio.
En declaraciones a la prensa, el fiscal provincial de la Tercera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro, Óscar Díaz Alegre, señaló que la principal prioridad es evitar que ocurra una tragedia similar a la registrada recientemente en Venezuela.
"La preocupación de este despacho es que lo advertido en los medios de comunicación respecto a que el edificio podría significar un riesgo fuerte en su desplome, afectando a cerca de 700 personas. Nosotros tratamos de evitarlo. Ni una vida puede perecer", manifestó.
Uno de los principales hallazgos revelados durante la diligencia fue que el edificio no cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento indispensable para acreditar que una infraestructura reúne las condiciones de seguridad necesarias.
"Hay un procedimiento administrativo porque no cuentan con el certificado de Defensa Civil. Justamente no lo tienen debido a que existe un riesgo que debe ser corregido", explicó el fiscal.
Fiscalía abrió investigación por cuatro presuntos delitos
El magistrado informó que su despacho ya abrió una carpeta fiscal para investigar posibles responsabilidades penales. Precisó que la investigación comprende los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, estragos especiales en su modalidad culposa y omisión, retardo o incumplimiento de actos funcionales.
Explicó que, de encontrarse indicios de responsabilidad, la investigación será derivada a una fiscalía penal para determinar las acciones correspondientes contra los funcionarios que hubieran incumplido sus obligaciones.
Ministerio reconoce necesidad de reforzar el edificio
Durante la reunión sostenida con funcionarios del Ministerio de Vivienda, la Fiscalía recibió información sobre un nuevo proceso de contratación para ejecutar el reforzamiento estructural del inmueble.
Según indicó Díaz Alegre, el ministerio mostró el acta mediante la cual se otorgó la buena pro para la contratación de la consultoría encargada de elaborar el expediente técnico de reforzamiento. No obstante, el fiscal expresó su preocupación por los plazos previstos.
"Nos han informado que la consultoría demorará aproximadamente un año y recién después comenzarían las obras. Considero que es demasiado tiempo frente al riesgo existente", afirmó.
Evalúan reducir la ocupación del edificio
Como medida preventiva, el Ministerio de Vivienda informó que incrementará el número de trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo y trasladará la Mesa de Partes hacia un inmueble contiguo para disminuir la presencia de ciudadanos dentro del edificio.
Sin embargo, la Fiscalía consideró que estas acciones deberán complementarse con una evaluación técnica inmediata.
Municipalidad definirá si corresponde el desalojo
Díaz Alegre informó que la Municipalidad de San Isidro deberá realizar una evaluación estructural mediante especialistas en ingeniería para determinar si el inmueble puede seguir siendo ocupado o si corresponde declarar su inhabitabilidad.
"He solicitado que los ingenieros de la municipalidad acudan de inmediato para establecer si existe un riesgo inminente. Si así lo determinan, deberá procederse al desalojo completo del edificio", sostuvo.
El representante del Ministerio Público indicó que será la autoridad municipal la encargada de emitir el pronunciamiento técnico definitivo sobre la seguridad del inmueble. Mientras tanto, la Fiscalía continuará supervisando el cumplimiento de las medidas preventivas anunciadas por el Ministerio de Vivienda con el objetivo de proteger la integridad de los aproximadamente 700 trabajadores que laboran en la sede institucional.








