Fiscalización tiene 90 días para investigar al gobierno regional de Tumbes

El Pleno acordó otorgarle  facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría por un plazo de 90 días, para investigar las presuntas irregularidades cometidas por el presidente del gobierno regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses.

La solicitud fue presentada por el titular de esa comisión, congresista Vicente Zeballos (SN), a través de una moción de orden del día, en la sesión matinal del Pleno del jueves 15. La moción fue admitida a debate y luego aprobada por unanimidad (89 votos).

Antes de su aprobación, Zeballos explicó que en enero de 2014, durante la tercera audiencia pública de la comisión en la Región Tumbes, se recibió graves denuncias contra el gobierno regional referidas a un presunto favorecimiento de puestos de trabajo, actos de amedrentamiento en contra de periodistas, desvíos procedentes del canon y sobrecanon, y sobre el uso irregular de fondos de ese gobierno, entre otros hechos.

[LEE: Solicitan mantener congeladas las cuentas de las regiones Ancash y Tumbes]

En abril pasado, se le pidió al presidente Viñas Dioses su asistencia a la comisión y se le reiteró su presencia para el 2 de este mes, ante su negativa inicial. En esa sesión, el presidente regional negó los hechos imputados, pero no desvirtuó las principales acusaciones, informó el congresista Zeballos.

Luego de su exposición, usaron de la palabra los congresistas Manuel Merino de Lama (impulsor de la investigación y proponente de la moción), Yehude Simon, Karla Schaefer (FP), Esther Saavedra (NGP), Mesías Guevara (AP-FA), José Urquizo (NGP) y Elsa Anicama (NGP).

Merino de Lama (AP-FA)  informó ampliamente de las irregularidades que habría cometido el presidente regional y denunció que había recibido amenazas contra su vida por haber hecho público diversos actos de corrupción; mientras que Yehude Simon opinó que no se debería involucrar a todos los gobiernos regionales. Schaefer, por su parte, comentó que debería defenderse la institucionalidad del país y que esta debe ir acompañada de una fiscalización real.