Fuerza Popular: 28 candidatos con sentencias firmes

Fuerza Popular: 28 candidatos con sentencias firmes por diversos delitos. Foto y video: Cuarto Poder

Un informe de Cuarto Poder reveló que la lista parlamentaria de Fuerza Popular incluye a 28 postulantes con sentencias por delitos como homicidio calificado y corrupción. Varios candidatos omitieron estos antecedentes en sus hojas de vida ante el ente electoral

El partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, presentó sus listas de candidatos para el Senado y la Cámara de Diputados con la participación de 28 postulantes que registran sentencias firmes por diversos delitos. Según reveló una investigación de Cuarto Poder, las condenas incluyen cargos graves como homicidio calificado, corrupción de funcionarios, lesiones y omisión a la asistencia familiar, en algunos casos omitidos en las hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones.

La cuarta postulación presidencial de Keiko Fujimori se desarrolla mientras el partido busca mantener su presencia legislativa, promoviendo la reelección de 18 de sus 21 congresistas actuales y el retorno de 33 exparlamentarios. Entre los aspirantes seleccionados figuran personajes con historiales judiciales que incluyen penas de prisión efectiva y procesos administrativos vigentes por faltas graves en el ejercicio de sus funciones profesionales.

¿Quiénes son los candidatos con antecedentes por delitos violentos?

 

Uno de los casos más críticos detectados por Cuarto Poder es el de Américo Orosco Orosco, candidato a diputado por Madre de Dios. En mayo de 2013, Orosco fue autor de un ataque con arma de fuego contra un hombre, efectuando ocho disparos que impactaron en el tórax, rostro y abdomen de la víctima. Tras acogerse a la terminación anticipada y aceptar su responsabilidad por homicidio calificado en grado de tentativa, fue sentenciado a seis años de prisión efectiva, antecedente que no consignó en su declaración jurada actual.

Asimismo, la lista al Senado incluye a Waldo Martín Valencia Berlanga, quien presenta un registro de cinco sentencias firmes por el delito de lesiones, dictadas entre los años 1999 y 2014. Por otro lado, Mauricio Arnillas Gonzáles, candidato por Arequipa, registra una sentencia de 1997 por lesiones culposas con pena privativa de la libertad, información que figuraba en procesos electorales anteriores pero que no aparece en su registro vigente ante la autoridad electoral.

En el ámbito de la conducta ética y profesional, el docente Obed Bernuy Atachagua, postulante por Lima, enfrenta actualmente una investigación fiscal por el presunto delito de acoso y hostigamiento sexual contra una escolar de 12 años. Según documentos de la Unidad de Investigación, la UGEL de Pucallpa instauró un proceso administrativo disciplinario contra Bernuy en febrero de 2025 tras testimonios que señalan propuestas sentimentales realizadas dentro del aula de clases.

¿Qué otros perfiles cuestionados integran la oferta electoral del partido?

 

El historial de los candidatos de Fuerza Popular también abarca negligencias médicas y delitos contra la administración pública. Erwin Tito Ortega, médico y candidato al Senado, registra cuestionamientos por su labor en el hospital El Carmen de Huancayo, donde habría atendido un parto vía videollamada. Además, la fiscalía lo investiga por falsedad genérica tras la presunta presentación de documentos falsos para evitar sanciones administrativas por un diagnóstico errado que dio por muerto a un recién nacido que estaba vivo.

En Ucayali, el exgobernador Jorge Velásquez Portocarrero postula al Senado tras haber salido de prisión en junio de 2024, luego de que el Tribunal Constitucional anulara una sentencia de cinco años por negociación incompatible. No obstante, Velásquez mantiene un historial de más de 100 denuncias acumuladas durante su gestión regional y una investigación vigente por el presunto delito de lavado de activos, tras la incautación de cuatro avionetas supuestamente adquiridas con fondos ilícitos.

Finalmente, el candidato Javier Castro Cruz reconoce tener un "rosario de sentencias" por delitos contra el honor, sumando condenas por injuria y difamación acumuladas durante 20 años de labor radial en Lambayeque. El informe de Cuarto Poder también expuso que la radioemisora de Castro Cruz se benefició con S/ 30,000 de los fondos públicos que el Estado entrega a los partidos para propaganda electoral, bajo el argumento de su alcance y sintonía en la región norteña.

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