Gabinete en la sombra: Poder Judicial ratificó comparecencia con restricciones para exfuncionarios de Pedro Castillo

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó la comparecencia con restricciones para tres de los involucrados en el caso denominado Gabinete en la sombra y a quienes se les acusó por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias durante el gobierno de Pedro Castillo.

"Tribunal declaró infundado recurso de los investigados, y confirmó lo resuelto por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria quien les impuso la comparecencia con restricciones y el pago de una caución económica", señaló la Corte Superior Nacional en su cuenta de X (antes Twitter).

PRESENTARON RECURSO DE APELACIÓN

Según se informó, los abogados del exsubsecretario del Despacho Presidencial, Beder Camacho Gadea, y los exfuncionarios del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, Auner Augusto Vásquez Cabrera y Eder Vitón Burga, presentaron un recurso de apelación a la comparecencia con restricciones que recibieron en el 2022.

"La defensa técnica solicita que se declare nula la resolución alegando vulneración a la garantía de debida motivación de las resoluciones judiciales, especificando que hay una "motivación sustancialmente incongruente activa". Asimismo, solicita que se revoque [...] la caución económica y, reformándola", argumentó la representación legal de los involucrados.

NECESITAN AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Cabe recordar que el pasado 16 de diciembre de 2022, el Poder Judicial dictó el mandato de comparecencia con restricciones para exsubsecretario del Despacho Presidencial Beder Camacho y para los exfuncionarios de Palacio de Gobierno de Pedro Castillo, Auner Augusto Vásquez Cabrera, Eder Vitón Burga y Henry Augusto Shimabukuro Guevara.

Entre las reglas de conducta impuestas por el juez Víctor Zúñiga a cargo del caso Gabinete en la sombro se dispuso que los investigados no se ausenten del lugar de residencia sin previa autorización judicial, presentarse a las diligencias que disponga el Ministerio Público, la obligación de pasar por el control biométrico y contar sobre sus actividades ante el Poder Judicial.