Gobierno promulga Decreto Legislativo contra crimen organizado

Gobierno promulga Decreto Legislativo contra crimen organizado. Foto y video: Canal N

El Gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1746 que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado y crea un repositorio oficial para identificar a organizaciones criminales con prácticas terroristas.

El Gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1746, norma que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado y dispone la creación de un repositorio oficial para identificar a las organizaciones criminales con prácticas terroristas. Además, la disposición incorpora un nuevo delito agravado en el Código Penal que sanciona con penas de entre 15 y 35 años de prisión a quienes utilicen métodos terroristas con fines de lucro.

De acuerdo con el contenido de la norma promulgada por el Ejecutivo, el registro oficial permitirá individualizar a las agrupaciones delictivas que incurran en este tipo de acciones. Asimismo, se estableció que la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena) asumirá la implementación y administración de este repositorio, cuya información tendrá carácter secreto.

En el ámbito penal, la modificación legislativa introduce una figura delictiva específica destinada a sancionar las conductas vinculadas al uso de métodos terroristas con motivación económica. Según lo estipulado en la normativa, las condenas previstas para este delito agravado oscilan entre un mínimo de 15 años y un máximo de 35 años de pena privativa de la libertad.

Criterios para identificar a las organizaciones criminales con prácticas terroristas

 

Gobierno promulga Decreto Legislativo contra crimen organizado. Foto: Canal N

El Decreto Legislativo 1746 fija parámetros específicos para determinar qué agrupaciones deben ser incorporadas en el repositorio oficial. Según establece la norma, uno de los requisitos principales es que la agrupación cuente con una estructura delictiva organizada.

Adicionalmente, se considera como criterio determinante la planificación de atentados mediante el empleo de explosivos o de armas de uso civil o de guerra. Estas acciones deben estar dirigidas contra personas, viviendas, medios de transporte, servicios públicos, infraestructura o actividades económicas.

La disposición legal precisa también que el alcance de estos criterios abarca las acciones planificadas contra edificios patrimoniales. De esta manera, el marco normativo delimita los supuestos objetivos bajo los cuales una organización criminal será calificada con prácticas terroristas.

Administración del registro secreto y alcance en el sistema de justicia

 

Gobierno promulga Decreto Legislativo contra crimen organizado. Foto: Canal N

Respecto a la gestión operativa del repositorio oficial, la normativa asigna la responsabilidad directa a la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena). Esta entidad estatal será la encargada tanto de implementar la plataforma como de administrar los datos incorporados en ella.

La norma dispone expresamente que toda la información contenida en el registro oficial tendrá carácter secreto. Con ello, se establece un régimen de reserva sobre los datos recopilados respecto a las organizaciones criminales identificadas bajo los criterios legales.

Sobre el alcance institucional de esta medida, un abogado penalista señaló que esta herramienta podrá ser utilizada por distintas instituciones del sistema de justicia. En consecuencia, el Decreto Legislativo 1746 articula la creación del registro administrado por Sedena con la incorporación del nuevo tipo penal agravado en la Ley Contra el Crimen Organizado.

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