Guerrero: "Resolución de la JNJ debe cumplirse"

La resolución que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación debe ejecutarse, según el abogado penalista y exprocurador Alex Guerrero. En declaraciones para Canal N, afirmó que si la Junta Nacional de Justicia (JNJ) actuó dentro de sus competencias, su decisión es válida y el Ministerio Público está obligado a acatarla.

Guerrero explicó que la JNJ, como órgano constitucional autónomo, tiene la atribución de emitir resoluciones disciplinarias y administrativas. Una vez emitida, la entidad correspondiente —en este caso, el Ministerio Público— debe ejecutar la medida dispuesta, lo que implica la reposición de Benavides en el cargo.

En un contexto de crisis institucional, el abogado recalcó que el cumplimiento de la resolución no es opcional. Señaló que cualquier dilación por parte del Ministerio Público podría interpretarse como desacato y ahondar aún más la confrontación entre órganos del Estado.

La Junta Nacional de Justicia debe explicar su decisión

El abogado sostuvo que la JNJ debería brindar una explicación pública sobre los fundamentos de la reposición. Propuso que el presidente del organismo convoque a una conferencia de prensa para detallar los criterios que motivaron la decisión.

“Lo que tendría que hacer en este momento la Junta Nacional de Justicia es, a través de su presidente, explicar los motivos y las razones que ha tenido con los otros miembros por la resolución que han emitido”, señaló Guerrero en Canal N.

Según el penalista, este gesto de transparencia ayudaría a legitimar la actuación del organismo frente a la opinión pública y a evitar especulaciones sobre su imparcialidad o motivaciones políticas.

El Congreso debería intervenir en la crisis del Ministerio Público

Además, Guerrero consideró necesaria la participación del Congreso de la República para resolver la crisis institucional generada por esta situación. Señaló que el Legislativo tiene un rol que cumplir en la defensa del equilibrio de poderes.

Aunque no especificó las acciones concretas que debería tomar el Congreso, indicó que su intervención podría contribuir a destrabar el conflicto entre la JNJ y el Ministerio Público. En su opinión, no se trata de una intromisión, sino de una responsabilidad política en defensa de la institucionalidad.

El abogado advirtió que si el Parlamento permanece al margen, podría acentuarse la percepción de debilidad o desinterés frente a un tema que afecta la legitimidad del sistema de justicia.