Janet Tello defendió autonomía institucional del Poder Judicial
La titular del sector exhortó al Congreso a rechazar los proyectos punitivos que buscan doblegar a los jueces.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, emitió un pronunciamiento público este martes 23 de junio de 2026 para manifestar la oposición institucional frente a las afirmaciones que cuestionan la autonomía de su sector.
La magistrada comunicó que la independencia de la judicatura es una condición indispensable para garantizar los derechos fundamentales y la vigencia del Estado constitucional frente a los proyectos que buscan direccionar la labor de los jueces.
El documento oficial declara la inexistencia de cualquier sometimiento o alineamiento a intereses ajenos a la administración de justicia.
Según la información difundida, Tello dirigió su comunicación al Pleno del Congreso de la República con el objetivo de solicitar la desestimación de reformas que alteran el marco normativo de las competencias jurisdiccionales.
Pronunciamiento institucional sobre la independencia de los jueces
La titular de la institución sostuvo que la impartición de justicia debe ejercerse con absoluta imparcialidad y respeto a la Constitución. La máxima autoridad judicial precisó que estas acciones no constituyen un discurso coyuntural, sino un compromiso histórico materializado en defensas previas de la institucionalidad del sector.
El pronunciamiento destaca la coordinación constante con organismos internacionales especializados para fortalecer la autonomía interna ante presiones externas de carácter político, partidario o económico.
La institución gestionó formalmente el acompañamiento técnico de la Comisión de Venecia y de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia para Magistrados y Abogados.
Modificaciones legales a la carrera de los jueces
El texto sustitutorio en debate dentro del Parlamento plantea modificaciones directas a la Ley 29277, conocida formalmente como la Ley de la Carrera Judicial. La propuesta normativa contempla también reformas estructurales al Código Penal que pretenden endurecer las consecuencias jurídicas relacionadas con la actividad ordinaria de la judicatura.
La iniciativa legislativa promueve de manera específica agravar las penas vinculadas al delito de prevaricato. Las autoridades del sector judicial informaron que estas medidas poseen una orientación de carácter político y punitivo que menoscaba las garantías del debido proceso y limita la libertad de resolución de las salas penales.
Acciones de defensa constitucional promovidas por los jueces
La Presidencia del Poder Judicial ratificó la utilización de los mecanismos institucionales vigentes para salvaguardar las competencias exclusivas de la judicatura nacional. El sector ejecuta de forma regular la defensa de sus fueros mediante procesos de amparo presentados ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.
Estas garantías constitucionales protegen las decisiones emitidas por los magistrados frente a interferencias de naturaleza política o económica. El comunicado institucional concluye que sin una estructura totalmente autónoma resulta inviable consolidar una verdadera justicia y una democracia sólida en el país.
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