Javier Llaque: Hace casi 10 años que no tenemos un nuevo penal

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, saludó que el Ejecutivo decidió hacer una inversión significativa en la construcción de nuevas infraestructuras penitenciarias. 

En diálogo con Canal N, el titular de dicha institución subrayó que hace casi 10 años no cuentan con un nuevo penal para solucionar el problema de hacinamiento.

Desde el último penal construido en 2015, la población penitenciaria ha crecido de 82,000 a 98,800 personas, y se espera que pronto supere los 99,000.

Ante esta situación, el Ejecutivo ha anunciado una inversión de 3,000 millones de soles para la construcción y mejoramiento de varios penales en todo el país.  

Llaque detalló que este año ya se han inaugurado dos pabellones en Lampa y Puno, con una capacidad total de 424 unidades de albergue.

También se iniciará la construcción de un nuevo penal en Abancay con 600 unidades y la reanudación de obras en el penal de Arequipa que ofrecerá casi 1,000 unidades adicionales. 

Además, se planea la ampliación de penales en Trujillo y Piura, así como la construcción de nuevos penales en Ancón y Bagua Grande. 

El presidente del INPE destacó que la construcción de estos nuevos penales es una respuesta a factores de riesgo que llevan a las personas a delinquir, como la violencia infantil, el abandono familiar y la falta de capacitación laboral. El objetivo es capacitar a los internos para reducir la reincidencia delictiva.  

Penales de máxima seguridad 

El Gobierno también planea construir penales de máxima seguridad alejados de las ciudades para evitar la organización delictiva desde el interior de los centros penitenciarios.  

Destacó que estas medidas buscan no solo incrementar la capacidad penitenciaria, sino también mejorar la seguridad y reducir la delincuencia en el país.

Finalmente, el presidente del INPE remarcó que la construcción de estos nuevos penales y la ampliación de los existentes se llevará a cabo bajo estricta vigilancia para evitar actos de corrupción y asegurar la eficiencia en la ejecución de las obras.