José Domingo Pérez: "La Fiscal de la Nación tiene que renunciar o ser removida"

El fiscal José Domingo Pérez indicó que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, debe renunciar a su cargo o ser removida luego que se le sindique como la presunta cabecilla de una red criminal que habría influenciado en el intento de remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalos en la Fiscalía de la Nación.

"No garantiza que la Fiscal de la Nación siga en el cargo para el desarrollo de estas investigaciones. Tiene que renunciar o tiene que ser removida por las instituciones correspondiente [...] Se ha dado cuenta que la fiscal Marita Barreto ha sido removida, por lo tanto, eso pone en peligro las investigaciones", indicó el integrante del Equipo Especial Lava Jato.

Frente a la sede del Ministerio Público, el fiscal José Domingo Pérez aseguró que hay "una preocupación latente" respecto a la continuidad de Patricia Benavides debido a otros cuestionamientos en torno al archivamiento del caso de su hermana, la jueza Enma Benavides, quien es investigada por presuntamente recibir sobornos de narcotraficantes.

"Tenemos el juzgamiento al clan Sánchez Paredes por un caso de lavado de activos procedente de tráfico de drogas. La remoción del fiscal por parte de Patricia Benavides implicó la absolución. Removió a los fiscales de los Cuellos Blancos, ha removido al coordinador fiscal del caso Lava Jato, ha removido a la fiscal Marita Barreto. Hay elementos objetivos que demuestran que la Fiscal de la Nación era dar impunidad a los investigados", aseguró en declaraciones a la prensa.

SOLICITÓ REUNIÓN DE LA JUNTA DE FISCALES

Más temprano, el fiscal José Domingo Pérez solicitó, a través de un oficio, una reunión de los integrantes de la Presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro para expresar su rechazo a la “instrumentalización de la institución”.

“Manifestar el rechazo a la instrumentalización de la institución para fines ilícitos de tráfico de influencias con posibles representantes del Congreso y personal del despacho de la Fiscalía de la Nación”, se expresó en el oficio dirigido a la fiscal provincial titular, Katherine Borrero Soto.