José Jerí anuncia prórroga de estado de emergencia

El presidente José Jerí anunció que el Poder Ejecutivo ha decidido extender el estado de emergencia en Lima y Callao. Según señaló el mandatario, la medida no concluirá el 20 de enero y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso para fortalecer la lucha contra la criminalidad.

El anuncio se realizó tras la visita de Jerí a la vivienda del alcalde de Carabayllo, quien denunció el hallazgo de una granada de guerra en su domicilio el pasado fin de semana. Durante la reunión, que se extendió por más de una hora, la autoridad edil detalló ser víctima de constantes extorsiones relacionadas con el tráfico de terrenos. Según indicó el burgomaestre, este hecho representa el quinto ataque violento perpetrado en su contra en los últimos meses.

En este contexto, el mandatario indicó que el Gobierno implementará nuevas medidas técnicas para mitigar la inseguridad, basándose en propuestas enviadas por el FBI. Estas acciones buscan optimizar la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden frente a delitos de alta complejidad en las jurisdicciones afectadas. La integración de asesoría internacional forma parte de la estrategia para reducir los índices de violencia en la capital.

Implicancias de la prórroga del estado de emergencia en la capital

La extensión del estado de emergencia en Lima y Callao permitirá a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas mantener operativos especiales en puntos críticos de la ciudad. El presidente Jerí manifestó que la decisión responde a un análisis detallado de la coyuntura de seguridad que atraviesa la provincia. Fuentes oficiales indicaron que el marco legal de esta prórroga será publicado en los próximos días para su cumplimiento inmediato por las autoridades competentes.

Durante la jornada, se consultó al Ejecutivo sobre el impacto de las denominadas leyes procrimen en la efectividad de las capturas realizadas por la policía. Diversos especialistas sostienen que este marco normativo actual podría facilitar la operatividad de las bandas delictivas en el territorio nacional. El mandatario aseguró que su gestión evalúa constantemente los alcances de estas normas para evitar que la labor policial se vea comprometida por vacíos legales.

La permanencia de la medida de excepción busca brindar estabilidad a las jurisdicciones más afectadas por delitos como el sicariato y la extorsión.

El despliegue de los efectivos se mantendrá bajo una supervisión rigurosa por parte de los mandos superiores de la institución policial. Las autoridades recalcaron que el objetivo primordial es desarticular las redes criminales que amenazan tanto a las autoridades locales como a la población civil.

Coordinación operativa entre el Ejecutivo y las fuerzas policiales

Tras el encuentro con el alcalde de Carabayllo, el presidente José Jerí se trasladó a la comisaría El Progreso junto a altos mandos del sector Interior. En la sede policial participaron el ministro Vicente Tiburcio y el comandante general de la policía, Óscar Arriola, para definir estrategias de seguridad ciudadana. La comitiva oficial revisó los protocolos de protección destinados al burgomaestre y el resguardo integral de las zonas vulnerables del distrito.

El burgomaestre de Carabayllo vinculó los cinco ataques sufridos recientemente con organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de predios y tráfico de terrenos. Los mensajes extorsivos recibidos por la autoridad municipal han sido derivados a las unidades de inteligencia para su respectivo análisis y seguimiento técnico. La Policía ha dispuesto una custodia especial para el alcalde a fin de prevenir nuevos incidentes violentos que pongan en riesgo su entorno.

El Gobierno central reiteró que no se escatimarán recursos en la implementación de las recomendaciones técnicas proporcionadas por organismos internacionales de seguridad. Se espera que la coordinación directa entre el Ministerio del Interior y las comisarías locales mejore los índices de vigilancia preventiva en el sector norte de Lima. El presidente Jerí finalizó su recorrido instando a las fuerzas del orden a actuar con la celeridad necesaria frente a las denuncias de las autoridades locales.