Juan Carlos Portugal: Fiscalía tiene argumentos legales para solicitar siete años de prisión contra Adrián Villar

El abogado penalista Juan Carlos Portugal consideró razonable el pedido de siete años de prisión formulado por el Ministerio Público contra Adrián Villar, investigado por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, el pasado 17 de febrero, en San Isidro./ Video: Canal N

El abogado penalista consideró que la prolongación de la prisión preventiva establece un plazo que exige al Poder Judicial avanzar con la etapa intermedia, llevar adelante un eventual juicio oral y emitir una sentencia antes del vencimiento de la medida, previsto para agosto de 2027

El abogado penalista Juan Carlos Portugal consideró razonable el pedido de siete años de prisión formulado por el Ministerio Público contra Adrián Villar, investigado por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, el pasado 17 de febrero, en San Isidro.

Durante una entrevista con Canal N, el especialista explicó que la determinación de la pena debe considerar tanto las circunstancias atenuantes como las agravantes previstas en el Código Penal. Entre los factores atenuantes mencionó que Villar no registra antecedentes penales, judiciales ni policiales; mientras que entre los elementos que pueden agravar su situación se encuentra su conducta después del accidente.

Portugal señaló que el requerimiento fiscal comprende los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito. Asimismo, indicó que el pedido de pena corresponde a la evaluación del Ministerio Público y deberá ser analizado por el Poder Judicial.

Ampliación de prisión preventiva exige condiciones excepcionales

Respecto a la prolongación de nueve meses de prisión preventiva contra Villar, el abogado explicó que esta medida está contemplada en el artículo 274 del Código Procesal Penal y requiere circunstancias excepcionales que justifiquen mantener al investigado privado de su libertad.

A su juicio, la etapa intermedia y el eventual juicio oral justifican que las autoridades evalúen la continuidad de la medida. Sin embargo, precisó que todavía no se conocían los fundamentos completos de la resolución judicial para determinar las razones específicas que sustentaron la decisión.

El especialista también sostuvo que la conducta de Villar después del accidente, particularmente haberse retirado del lugar sin auxiliar a la víctima, constituye un elemento relevante al evaluar el riesgo de que pueda sustraerse del proceso.

Portugal remarcó que la ampliación de la prisión preventiva obliga al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar con celeridad, debido a que el investigado permanecerá privado de libertad hasta agosto de 2027, según señaló.

Familia de Lizeth Marzano puede cuestionar el requerimiento fiscal

El abogado explicó que los familiares de Lizeth Marzano, constituidos como actores civiles en el proceso, tienen la posibilidad de formular observaciones a la acusación fiscal durante la etapa intermedia. También pueden cuestionar el pedido de sobreseimiento y solicitar una reparación civil.

No obstante, consideró poco probable que el juez imponga una pena superior a la solicitada por la Fiscalía, debido al principio acusatorio y a que el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública.

Sobreseimiento de Marisel Linares aún debe ser evaluado

En otro momento, Portugal explicó que el pedido de sobreseimiento de Marisel Linares, investigada por presunto encubrimiento personal, no significa que haya quedado automáticamente libre de responsabilidad penal.

Detalló que el juez deberá evaluar el requerimiento durante la etapa intermedia y escuchar los argumentos de la Fiscalía, la defensa y las partes que puedan formular oposición, entre ellas la familia de la víctima.

El especialista consideró que el pedido fiscal de sobreseimiento tiene sustento jurídico debido al vínculo afectivo de aproximadamente 17 años que, según la investigación, habría existido entre Linares y el padre de Adrián Villar. Explicó que el Código Penal contempla una excusa absolutoria para determinados casos de encubrimiento entre personas con vínculos familiares o afectivos.

Sin embargo, precisó que el juez puede aceptar el sobreseimiento, ordenar una investigación complementaria si considera que faltan diligencias o elevar el caso en consulta al fiscal superior para que revise la decisión del fiscal provincial.

Portugal estima que el caso podría tener sentencia antes de agosto de 2027

Finalmente, el abogado consideró que la prolongación de la prisión preventiva establece un plazo que exige al Poder Judicial avanzar con la etapa intermedia, llevar adelante un eventual juicio oral y emitir una sentencia antes del vencimiento de la medida, previsto para agosto de 2027.

Asimismo, descartó que la denominada imputación a la víctima —por el hecho de que Lizeth Marzano habría estado corriendo por la pista y no por la vereda— haya sido planteada como estrategia por la defensa de Adrián Villar durante las audiencias previas. A su juicio, esa circunstancia podría ser un factor de análisis, pero no necesariamente determinante frente a la conducta posterior del investigado.

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