Julio Rodríguez: Estrategia digital vinculada a Acuña podría investigarse por peculado o colusión

El abogado penalista Julio Rodríguez señaló que el contrato de estrategia digital vinculado al Gobierno Regional de La Libertad y a la figura de César Acuña podría ser evaluado desde el ámbito penal.

En entrevista con Canal N, indicó que, con la información pública disponible, podrían analizarse posibles delitos relacionados con la contratación.

Rodríguez explicó que la diferencia entre promocionar la gestión de una institución pública y resaltar la figura de una persona es un elemento relevante para determinar la legalidad de este tipo de contratos.

Posibles delitos mencionados por el abogado penalista

El abogado indicó que una de las posibilidades que podría evaluarse es el delito de colusión desleal. Según explicó, este escenario podría presentarse si existiera un acuerdo indebido entre la entidad pública y el contratista que haya generado un perjuicio para el Gobierno Regional de La Libertad.

También señaló que otra posibilidad sería el delito de peculado. Esto ocurriría si se determinara que los recursos públicos fueron utilizados para fines distintos a los objetivos institucionales de la región.

Publicidad fuera de la región La Libertad

Durante la entrevista se mencionó que la estrategia digital habría tenido difusión fuera del ámbito de la región La Libertad. Según lo señalado, la publicidad habría alcanzado otras regiones del país.

Asimismo, se indicó que el contrato contemplaba un gasto de 5,286 soles diarios en publicidad digital, lo que representaría un monto aproximado de 185,000 soles.

Rol de la Contraloría y la Fiscalía

Rodríguez sostuvo que la Contraloría podría evaluar el proceso de contratación y emitir los informes correspondientes. Indicó que esta entidad podría revisar si se respetaron los procedimientos para el otorgamiento de la buena pro.

También señaló que el Ministerio Público podría iniciar diligencias preliminares si considera que existen indicios de irregularidades. Según explicó, la Fiscalía puede actuar a partir de información pública sin necesidad de esperar un informe previo de la Contraloría.