Martín D’Azevedo cuestiona vacíos en la ley electoral tras aportes confidenciales de partidos

El experto en derecho electoral Martín D’Azevedo cuestionó el manejo de los aportes de campaña realizados por organizaciones políticas y advirtió que existen vacíos en la legislación electoral que permiten situaciones que podrían afectar la transparencia y la igualdad de condiciones durante los procesos electorales.

En entrevista con Canal N, D’Azevedo se refirió al informe de Cuarto Poder sobre los aportes confidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, así como al caso de Rosselli Amuruz, quien pretende postular a la alcaldía de Santa María del Mar pese a tener registrado su domicilio electoral en La Molina.

Respecto al aporte recibido por Juntos por el Perú para el denominado "Yapetón", D’Azevedo sostuvo que el dinero debió ser incluido dentro de la rendición correspondiente al proceso electoral, debido a que fue recibido cuando aún se encontraba vigente el plazo para reportar los ingresos y gastos de campaña.

El especialista explicó que, aunque el partido sostenga que el dinero será incluido posteriormente en su rendición anual, ello no reemplaza la obligación de reportarlo dentro de la etapa correspondiente al proceso electoral.

Según indicó, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador si determina que los recursos no fueron declarados correctamente.

D’Azevedo señaló que, independientemente del destino que haya tenido el dinero —como el pago de tasas o apelaciones electorales—, el partido debió acreditar cómo fueron utilizados los recursos y reflejarlos en su rendición de cuentas.

Pide revisar reglas sobre aportes confidenciales

El experto también cuestionó el mecanismo que permite realizar aportes confidenciales a las organizaciones políticas sin identificar públicamente al donante. Consideró que la confidencialidad del aportante puede ser preservada, pero sostuvo que los partidos tienen la obligación de informar cuánto dinero recibieron y cómo fue utilizado.

Advirtió que la falta de transparencia podría generar una ventaja para las organizaciones políticas con mayores recursos frente a agrupaciones pequeñas que no cuentan con el mismo respaldo financiero.

"Todos deben tener las mismas condiciones de competencia", sostuvo D’Azevedo al considerar necesario modificar las reglas que regulan el financiamiento político.

En ese sentido, planteó una reforma integral de la legislación electoral y propuso que el Congreso, especialistas y la academia trabajen en la elaboración de un Código Electoral, un Código Procesal Electoral y un Código de Ética Electoral.

Cuestiona candidatura de Rosselli Amuruz en Santa María del Mar

Durante la entrevista, D’Azevedo también se refirió al caso de Rosselli Amuruz, quien busca postular a la alcaldía de Santa María del Mar pese a que registra su domicilio electoral en La Molina.

El especialista sostuvo que el requisito de arraigo domiciliario para las candidaturas municipales busca garantizar que quienes aspiran a gobernar un distrito conozcan directamente sus problemas y mantengan un vínculo real con la comunidad.

Sin embargo, explicó que la legislación permite acreditar domicilio mediante distintos mecanismos, como contratos de alquiler, constancias notariales o constataciones policiales, lo que podría facilitar la creación de domicilios que no necesariamente reflejan la residencia habitual de un candidato.

D’Azevedo cuestionó que un postulante pueda acreditar formalmente un domicilio en un distrito únicamente para cumplir con el requisito electoral, mientras continúa viviendo en otra jurisdicción.

Advierte sobre partidos sin estructura territorial

El experto también cuestionó el papel de las organizaciones políticas que presentan candidatos sin verificar adecuadamente su arraigo territorial. Sostuvo que esta situación puede producirse con mayor facilidad en partidos que carecen de una estructura sólida y presencia permanente en las distintas jurisdicciones del país.

A su juicio, la legislación electoral requiere una revisión integral para evitar que los vacíos normativos sean utilizados para cumplir formalmente con los requisitos de una candidatura sin garantizar una verdadera representación de los vecinos.

Finalmente, D’Azevedo consideró que las próximas reformas electorales deben fortalecer la transparencia del financiamiento político, garantizar condiciones equitativas de competencia y asegurar que las autoridades municipales tengan un vínculo real con las comunidades que pretenden representar.