Extranjeros con hijos en Perú podrán regularizar situación migratoria

El abogado internacionalista Miguel Ángel Porras precisó que la legislación nacional es clara respecto a los ciudadanos extranjeros que han establecido vínculos familiares en el país. Según el especialista, aquellos migrantes que cuenten con hijos o cónyuges peruanos tienen el derecho legal de permanecer en territorio nacional y acceder a procesos de formalización.

Canal N pudo conocer que el sistema jurídico otorga la nacionalidad por nacimiento, lo que obliga al Estado a proteger los derechos de los menores. En ese sentido, los padres de niños nacidos en el Perú deben recibir las facilidades administrativas para regularizar su estatus y así garantizar la protección integral de sus familias.

Coordinación fronteriza entre Perú y Chile

Respecto al encuentro entre el presidente peruano José Jerí y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, se informó que el control de fronteras es la prioridad de la agenda bilateral. El objetivo es evitar ingresos no controlados y verificar la identidad de quienes cruzan los límites territoriales para garantizar la seguridad interna de ambas naciones.

Porras advirtió que un retorno masivo de ciudadanos venezolanos no ocurrirá de manera inmediata debido a la persistencia de la crisis económica en su país de origen. Asimismo, señaló que la creación de un corredor humanitario no depende únicamente de Perú y Chile, sino que requiere la coordinación obligatoria con los gobiernos de Ecuador y Colombia.

Proceso judicial contra Nicolás Maduro

En el ámbito internacional, el especialista analizó el proceso que enfrenta Nicolás Maduro ante los tribunales de Estados Unidos por cargos de terrorismo y narcotráfico. Se detalló que el exmandatario podría enfrentar una pena mínima de 30 años de prisión o, en el escenario más severo, la cadena perpetua según la normativa criminal norteamericana.

Finalmente, el experto descartó la posibilidad de que Maduro afronte el juicio en libertad mediante el pago de una fianza, debido al alto perfil del caso y la gravedad de las imputaciones. Se estima que el proceso judicial en territorio estadounidense tenga una duración aproximada de entre un año y 18 meses hasta recibir una sentencia definitiva.