Minería: ¿Qué proponen planes de gobierno en la segunda vuelta?

El próximo domingo 7 de junio de 2026, el país elegirá en las urnas a la próxima gestión presidencial por los siguientes cinco años. A pesar de que la minería ilegal se ha consolidado como la principal actividad delictiva en el territorio nacional, movilizando cerca de 11 500 millones de dólares anuales y superando los dividendos del narcotráfico, el tema permaneció ausente en la agenda del debate técnico y presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ante este escenario, los planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú exponen enfoques marcadamente distintos para el sector.

Un punto crítico identificado por los analistas es que ninguna de las dos plataformas en competencia propone una fecha límite para clausurar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Al respecto, el especialista en derecho ambiental y minero, César Ipenza, advirtió que mantener este padrón abierto sin un horizonte de término carece de sentido técnico. El experto señaló que la normativa actual genera un escenario de impunidad, debido a que los operadores inscritos en el Reinfo pueden continuar contaminando fuentes hídricas y destruyendo bosques sin que las fiscalías ambientales logren procesarlos eficazmente por el delito de minería ilegal.

Juntos por el Perú: Mayor control estatal y modelo cooperativo

La propuesta programática del partido Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, plantea una reforma estructural del sector mediante la redacción de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape).

Entre sus principales ejes se contempla la reducción de los plazos temporales para las concesiones mineras, el incremento de los límites máximos permitidos para las operaciones de la pequeña minería, y la creación de cooperativas mineras autogestionadas bajo un modelo similar al que se aplica en Bolivia.

Asimismo, el plan contempla la fundación de un Banco Minero administrado directamente por el Estado. No obstante, estas iniciativas han despertado observaciones técnicas en el sector. César Ipenza recordó que la Constitución vigente prohíbe o restringe la actividad empresarial del Estado, por lo que su viabilidad demandaría una reforma constitucional de fondo. Adicionalmente, el especialista indicó que los antecedentes históricos no son favorables, citando que en el año 2012 ya se había estructurado un fondo estatal para apalancar la formalización de los mineros artesanales, el cual no registró avances significativos.

Fuerza Popular: Comandos mixtos y ventanilla única de trámites

Por su parte, el plan de gobierno de Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori, enfoca la problemática desde una perspectiva de seguridad y simplificación administrativa. La agrupación de derecha propone la creación de comandos mixtos integrados por contingentes de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, representantes del Ministerio Público y personal de fiscalización de la Sunat, con el objetivo de combatir directamente el crimen organizado y los campamentos de minería ilegal.

En el ámbito de la formalización, Fuerza Popular plantea el establecimiento de una ventanilla única para reducir los plazos burocráticos del aparato estatal, el otorgamiento de líneas de acceso al crédito para la minería artesanal, y la suscripción de contratos de cuidado ambiental. El modelo promueve que el Estado vigile y apoye operativamente los esfuerzos de las empresas privadas.

Evaluando este plan, Ipenza consideró que responde al esquema tradicional de Estado fiscalizador ya visto en Fuerza Popular, pero enfatizó que su éxito real dependerá de un fortalecimiento presupuestal efectivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de una fiscalización de campo que rompa las redes de corrupción.

De cara a la segunda vuelta del 7 de junio, los planes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú exhiben marcadas diferencias sobre la minería, la actividad ilícita que genera más recursos que el narcotráfico con 11 500 millones de dólares anuales. El partido de Roberto Sánchez plantea un modelo de cooperativas estatales y un Banco Minero, propuestas que requerirían modificaciones en la Constitución. En contraste, el plan de Keiko Fujimori prioriza la seguridad pública mediante comandos mixtos (FF. AA., PNP y Sunat) y la desburocratización con una ventanilla única. No obstante, expertos cuestionan que ninguno de los candidatos proponga cerrar el Reinfo, prolongando la desprotección de los ecosistemas locales.