Miralles niega privatización de Petroperú y defiende decreto

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, negó que el reciente decreto de urgencia aprobado por el Ejecutivo implique una privatización de Petroperú, como han señalado diversos críticos. En una entrevista con Canal N, sostuvo que se trata de una reorganización empresarial necesaria para evitar el colapso financiero de la compañía estatal, garantizar su sostenibilidad y proteger los intereses del país.

“La decisión adoptada no es una privatización, no es una venta ni una entrega de la empresa. Es una reorganización necesaria para salvaguardar los intereses de todos los peruanos”, afirmó Miralles, subrayando que se busca hacer a Petroperú autosostenible, eliminando beneficios desproporcionados y exigiendo una gestión técnica y transparente.

"Se trata de eficiencia, no de despidos", afirma ministra

La ministra detalló que el decreto no impone un número determinado de retiros de personal, sino que habilita una evaluación urgente sobre el tamaño adecuado de la empresa. Aclaró que más del 50 % del gasto en personal no se destina a sueldos, sino a 83 tipos de beneficios y privilegios adicionales, lo que generó un gasto de 276 millones de soles en 2023, pese a que Petroperú no reportó utilidades.

“Queremos que haya una administración correcta y transparente. Esta empresa enfrenta una grave crisis financiera y no podemos mantener beneficios desconectados de la realidad de todos los peruanos”, agregó.

A pesar de estas evaluaciones, Miralles aseguró que los derechos laborales serán plenamente respetados y que no se contemplan despidos masivos, sino una reorganización orientada a la eficiencia operativa.

Proinversión intervendrá sin ceder control estatal

Uno de los aspectos más discutidos del decreto es la transferencia de hasta 144 millones de soles a Proinversión, encargada de estructurar mecanismos para mejorar el rendimiento de activos de Petroperú, lo que incluye evaluar la incorporación de capital privado.

Al respecto, la ministra explicó que estos fondos no implican una transferencia inmediata ni salida de recursos adicionales del Tesoro Público, sino una estimación tope que se financiará con los resultados del proceso de promoción.

“La participación privada no significa perder el control estatal. Estamos buscando eficiencia, no privatización. El Perú no va a ceder el poder sobre Petroperú”, remarcó.

Petroperú arrastra pérdidas millonarias y deuda con proveedores

Miralles expuso la gravedad de la situación financiera de Petroperú, indicando que a octubre del 2025 la empresa reporta una pérdida neta de 1.611 millones de soles y mantiene deudas con proveedores por más de 2.500 millones de dólares.

Además, el Estado ha destinado entre 2022 y 2024 cerca de 17.888 millones de soles para sostener a la empresa, lo que representa 1.6 % del PBI, superando incluso los presupuestos anuales de sectores como salud o educación.

“Era insostenible seguir financiando una empresa que no genera valor. No hacer nada no era una opción responsable”, sentenció.

Rechaza iniciativa de censura y defiende acción del Gobierno

Frente a la iniciativa parlamentaria que busca censurarla por el decreto, Miralles respondió que está dispuesta a brindar todas las explicaciones necesarias ante el Congreso y reiteró que la medida busca anteponer el interés general sobre beneficios particulares.

“El objetivo es evitar que esta empresa colapse, recuperar su valor estratégico y no seguir sacrificando recursos públicos. Esa es una decisión empresarial responsable, no ideológica”, señaló.

Miralles destaca solidez fiscal al cierre del 2025

En otro momento, la ministra hizo un balance de la economía nacional, destacando el cumplimiento de metas fiscales, el crecimiento económico impulsado por los minerales y un récord de recaudación tributaria que superó en 10 % al año anterior.

Asimismo, reafirmó que el Perú ha mantenido su grado de inversión por 17 años consecutivos, siendo la única economía de la región con esa estabilidad, y anunció el inicio del acuerdo fiscal por crecimiento sostenible y del llamado shock de desburocratización, para facilitar inversiones públicas y privadas en 2026, año electoral.