Gobierno modificó requisitos del IRTP antes de nombrar presidenta

La reciente designación de la nueva presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) se dio días después de una modificación oficial en los requisitos para asumir el cargo. Según explicó un abogado penalista en entrevista con Canal N, el Ejecutivo redujo de cinco a cuatro los años de experiencia requeridos y amplió el perfil profesional permitido, habilitando también a “carreras afines” a la comunicación.

Estas modificaciones fueron registradas seis días antes del nombramiento de la nueva titular, lo que ha generado cuestionamientos desde el punto de vista ético y político. Aunque no se ha acreditado una falta legal, el especialista indicó que bajar el estándar técnico de un puesto público puede interpretarse como una medida orientada a favorecer a una persona específica.

La flexibilización de los requisitos, sumada a investigaciones fiscales en curso contra la nueva presidenta, ha generado diversas reacciones públicas.

Designación se ajustó a cambios normativos recientes

El abogado consultado precisó que desde el punto de vista estrictamente legal, la designación no incurre en ninguna irregularidad, siempre que se hayan respetado los procedimientos normativos al momento de modificar los requisitos del cargo. La actual presidenta del IRTP cumple con lo exigido en la versión vigente de la norma al momento de su nombramiento.

Sin embargo, el experto sostuvo que modificar las condiciones con tan poca antelación y de manera favorable a un perfil concreto puede interpretarse como un acto orientado políticamente, lo cual abre un debate ético sobre el uso del aparato estatal para favorecer a personas afines.

También recordó que estas acciones podrían ser objeto de observación desde organismos de control, especialmente si se demuestra que la motivación de los cambios fue asegurar una designación previamente decidida.

Investigaciones fiscales podrían afectar la idoneidad

La nueva titular del IRTP enfrenta investigaciones fiscales por presunta difusión de material audiovisual de contenido íntimo sin consentimiento. Aunque no existe aún sentencia firme y por lo tanto se mantiene la presunción de inocencia, el abogado explicó que este tipo de procesos pueden incidir en el estándar de idoneidad del cargo.

Indicó que cuando una persona con procesos penales es designada para un cargo cuya naturaleza está directamente relacionada con la materia del proceso —como lo es el IRTP con medios y contenidos audiovisuales—, el vínculo puede ser relevante al evaluar si es apta para el cargo.

Agregó que no todos los procesos afectan por igual. Por ejemplo, un proceso por lesiones imprudentes no tendría relación directa con la función pública que se va a ejercer, a diferencia de una acusación por uso indebido de medios digitales.

Cuestionamientos políticos y rol del presidente

Durante la entrevista se mencionó también que el presidente José Jerí habría adelantado en una entrevista previa la designación de esta persona. Esta declaración pública, ocurrida antes de las modificaciones normativas, alimenta las suspicacias sobre un posible direccionamiento político.

Para el especialista, este caso pone en evidencia cómo decisiones que, aunque formales y legales, pueden ser cuestionables desde el punto de vista del interés público. Afirmó que “cuando se acomoda una norma para calzar un perfil específico, se impone un interés político sobre uno técnico”.

El debate se mantiene abierto, especialmente en lo que respecta a los límites éticos del ejercicio del poder en el nombramiento de funcionarios.