Palacio contrata a abogado de Balcázar mientras lo defendía en juicio privado

A menos de un mes del cambio de gobierno, nuevas revelaciones han generado cuestionamientos sobre la gestión del presidente José María Balcázar.

Según un informe periodístico difundido por Cuarto Poder, el abogado personal del mandatario, Odar Jimmy Cornejo Custodio, fue contratado por el Despacho Presidencial para brindar asesoría jurídica por un monto de 30 mil soles, mientras continuaba ejerciendo la defensa legal del jefe de Estado en un proceso judicial de carácter personal.

El caso ha despertado críticas debido a un posible conflicto de intereses, ya que el Despacho Presidencial depende directamente del presidente de la República. 

Un especialista en derecho penal consultado por el dominical señaló que existe una incompatibilidad evidente al tratarse de la contratación del abogado particular del mandatario dentro de la propia institución que dirige.

"Al inicio hay un conflicto de intereses porque estamos hablando de la contratación, en el Despacho Presidencial que dirige el propio señor Balcázar, de su abogado personal. Ya partiendo de ello estamos ante una incompatibilidad clara y manifiesta", explicó.

Abogado continuó con la defensa personal

De acuerdo con el informe, la controversia aumentó debido a que Cornejo Custodio continuó representando judicialmente al presidente Balcázar en el proceso por la presunta apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque.

El programa mostró que el abogado asistió a una audiencia del juicio oral el pasado 16 de junio, cuando ya mantenía un contrato vigente con el Estado como asesor del Despacho Presidencial.

Para el especialista, esta situación podría encuadrarse en el delito de negociación incompatible. "Cuando el funcionario público se interesa o patrocina un interés particular dentro de la administración pública, podría configurarse este delito", indicó.

Advierten posible colusión

El penalista sostuvo además que, de acreditarse un acuerdo irregular entre el mandatario y su abogado para beneficiar económicamente a este último mediante una contratación estatal, el caso podría ser investigado bajo una figura penal más grave.

"La hipótesis más severa sería una colusión, si existiera un pacto entre ambas partes y se demuestra un perjuicio económico para el Estado", precisó. Recordó que este delito contempla penas que pueden alcanzar hasta los 15 años de prisión cuando existe afectación al patrimonio público.

El reportaje también reveló que el pasado 12 de mayo fue designado como prefecto de Chiclayo Diego Cornejo Cachay, de 24 años, sobrino del abogado personal del presidente.

Según el informe, el joven no contaría con experiencia previa para ejercer el cargo, lo que ha generado nuevos cuestionamientos sobre los criterios utilizados en la designación de funcionarios durante la etapa final del actual gobierno.

Piden investigación fiscal

A raíz de ambas revelaciones, el especialista consideró que existen elementos suficientes para que el Ministerio Público evalúe el inicio de una investigación preliminar con el fin de determinar si se configuró algún delito relacionado con la contratación del abogado presidencial y las designaciones efectuadas en el Ejecutivo.