Partidos políticos exigen elevados aportes en elecciones internas

Los procesos internos de los partidos políticos peruanos, en el marco de las elecciones generales 2026, están marcados por la solicitud de elevados aportes económicos a los precandidatos. De acuerdo con un informe publicado por el diario Perú21, varias organizaciones han establecido montos específicos para postular, según el cargo de interés.

En el caso del Partido Morado, la fórmula presidencial debe aportar S/1,800 en conjunto. Los precandidatos al Senado deben pagar S/450, los aspirantes a la Cámara de Diputados S/300 y al Parlamento Andino S/200.

En Podemos Perú, los montos son significativamente más altos: la inscripción para competir por Lima asciende a S/37,450, mientras que en regiones el monto baja a S/26,750. Por su parte, en la alianza electoral Venceremos, la cuota de inscripción es de S/2,000 para el Senado y S/1,500 para las listas al Parlamento Andino y la Cámara de Diputados.

Riesgos genera esta práctica en la política nacional

Especialistas advierten que este tipo de cobros puede traducirse en una “mercantilización de la política”, un fenómeno que, aunque amparado por la Ley de Organizaciones Políticas vigente, podría poner en entredicho la transparencia del proceso democrático.

El principal riesgo surge cuando los partidos no transparentan el destino de estos aportes. En varios casos anteriores, se ha denunciado que estos recursos terminan financiando fines distintos a los de campaña, o incluso nutriendo fondos personales de dirigentes.

Sanciones que contempla la ley ante irregularidades

En términos normativos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene la potestad de iniciar procedimientos administrativos y aplicar sanciones económicas si detecta infracciones. No obstante, el seguimiento no es inmediato ni automático.

En caso de detectarse presuntos delitos, como lavado de activos o apropiación indebida, estos deben ser derivados al Ministerio Público, que es la entidad competente para formular denuncias penales.

Otras prácticas que preocupan

También se ha reportado el presunto cobro por un número específico en la lista de candidatos, una práctica considerada irregular pero que actualmente no tiene una sanción clara en la legislación electoral.

En algunos casos, se estaría solicitando que los aportes sean depositados en cuentas personales de dirigentes o intermediarios, lo que pone en duda la trazabilidad del financiamiento y abre la puerta a prácticas de clientelismo político.

Calendario electoral en marcha

De acuerdo con el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el próximo 30 de noviembre se realizarán las elecciones primarias para escoger a los delegados de cada partido. Posteriormente, el 7 de diciembre, estos delegados votarán para definir a los candidatos que participarán en las elecciones generales de 2026.

En este contexto, el debate sobre el financiamiento interno y la transparencia en las campañas vuelve a cobrar relevancia. La falta de sanciones inmediatas y mecanismos efectivos de fiscalización mantiene abierta una preocupación de fondo sobre el acceso equitativo a la representación política en el país.