Pedro Castillo: solicitan reconsiderar rechazo a inhabilitación

Los parlamentarios Ana Zegarra y Esdras Medina pidieron reabrir debate sobre el informe que planteaba sanción por golpe de 2022.
Luego de que no se alcanzaron los votos requeridos para aprobar la inhabilitación de Pedro Castillo por diez años, el Congreso de la República recibió dos mociones de reconsideración. Los legisladores Ana Zegarra, de Somos Perú, y Esdras Medina, de Renovación Popular, solicitaron volver a votar el informe que proponía sancionar al expresidente por presunta infracción constitucional vinculada al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El informe, que también incluye a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, fue rechazado en el Pleno con 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones, resultado insuficiente para concretar la sanción. La propuesta provenía de la Comisión Permanente del Congreso.

Reconsideración planteada por dos legisladores
Los congresistas Zegarra y Medina presentaron por separado sendas mociones de reconsideración al resultado de la votación del 3 de diciembre.
En ambas solicitudes se pide que se someta nuevamente a debate el informe que recomienda la inhabilitación de Pedro Castillo.
La reconsideración también abarca a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, y Willy Huerta, exministro del Interior, quienes enfrentan cargos similares.
En todos los casos, se alega infracción constitucional por el mensaje televisado en el que se anunció la disolución del Congreso.

Motivo del informe rechazado en el Congreso
El documento acusaba a los tres exfuncionarios de haber cometido una infracción constitucional durante los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022.
La acusación se centraba en la decisión del entonces presidente de anunciar la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia, lo que fue interpretado como un intento de golpe de Estado.
La sanción propuesta era de diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta medida no fue aprobada por no alcanzar el mínimo de votos exigidos por el reglamento parlamentario.
Intervención remota desde penal Barbadillo
Durante la sesión del Pleno en la que se debatió el informe, Pedro Castillo intervino de forma remota desde el penal Barbadillo, donde cumple prisión preventiva.
El exmandatario rechazó los cargos presentados en su contra y señaló que el Congreso está actuando en contra de la voluntad popular.
En su exposición, también declaró que su decisión fue resultado de su resistencia a los intereses de sectores económicos. La intervención fue transmitida por medios del Congreso.
Defensa alega vulneración del principio de doble sanción
El abogado Carlos Torres Caro, defensor del expresidente, argumentó que ya existe una inhabilitación previa de dos años. En consecuencia, una nueva sanción vulneraría el principio jurídico de non bis in idem, el cual prohíbe sancionar dos veces por el mismo hecho.
El letrado citó convenios internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para sustentar su posición. También mencionó normas constitucionales vigentes.
Betssy Chávez y reacción de su defensa en el Congreso
La defensa de Betssy Chávez fue ejercida por el abogado Raúl Noblecilla, quien alegó falta de debido proceso. Durante su intervención, cuestionó el desarrollo del caso e indicó que se estaba aplicando una sanción por hechos ya juzgados.
Sin embargo, su participación fue interrumpida luego de que expresara frases ofensivas hacia el Congreso. El presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, ordenó su retiro inmediato del hemiciclo.
Posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales
El equipo legal de Chávez advirtió que, de persistir la supuesta vulneración de derechos fundamentales, el caso podría ser presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según la defensa, aún se agotarán los recursos internos antes de recurrir a instancias supranacionales.
El argumento central gira en torno a la necesidad de garantizar un proceso imparcial y ajustado al marco normativo nacional e internacional. No se precisaron plazos para una eventual acción internacional.
Sentencia penal previa contra Pedro Castillo
Paralelamente al proceso congresal, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por conspiración para la rebelión. El fallo también impone una inhabilitación de dos años para ejercer función pública.
La sentencia está relacionada con los mismos hechos del 7 de diciembre de 2022. También se aplicó una condena similar a Betssy Chávez y Willy Huerta. El tiempo ya cumplido en prisión será descontado del total de la pena.
El Congreso recibió dos mociones de reconsideración tras el rechazo de la propuesta de inhabilitación de Pedro Castillo. Las solicitudes, presentadas por Ana Zegarra y Esdras Medina, buscan votar nuevamente el informe que también incluía a Betssy Chávez y Willy Huerta por el intento de golpe de 2022. Castillo intervino desde el penal Barbadillo, mientras su defensa cuestionó el proceso por doble sanción. El abogado de Chávez fue expulsado tras declaraciones ofensivas. Ambos exfuncionarios ya fueron condenados penalmente. La posibilidad de acudir a instancias internacionales también fue planteada por el equipo legal de Chávez en caso de persistir la sanción.





