El penal de los 192 millones de soles

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), en representación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), otorgó un contrato directo superior a los 192 millones de soles para la ampliación del penal de Arequipa a un consorcio que no se encontraba registrado formalmente ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) al momento de ser convocado. La adjudicación de esta obra pública se otorgó al consorcio Infra Penal Arequipa, un grupo empresarial integrado por tres compañías que en el pasado recibieron sanciones de inhabilitación temporal por presentar documentación falsa e información inexacta ante el Estado.

De acuerdo con los documentos oficiales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el consorcio Infra Penal Arequipa oficializó su inscripción y la activación de su Registro Único de Contribuyentes (RUC) ante la Sunat el mismo día de diciembre en que la entidad estatal lo declaró ganador del proceso. El proyecto de infraestructura penitenciaria se ejecutará mediante una modalidad de invitación directa y sin un concurso público abierto, lo que permitió la selección de este conglomerado empresarial que además acreditó como representante legal a un abogado penalista vinculado laboralmente al exministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

¿Cuál es el estado actual de la ampliación del penal de Arequipa?

El proyecto de ampliación del penal de Arequipa es considerado por la Contraloría General de la República como una de las obras de infraestructura penitenciaria más grandes y emblemáticas de la zona sur del país. Según detalló Luis Castillo, vocero oficial de la Contraloría General de la República, esta obra es prioritaria debido a que la brecha de infraestructura en el sector es amplia y la nueva edificación está diseñada para albergar a un total de 1600 personas privadas de su libertad.

El presupuesto asignado a esta obra pública ha experimentado un incremento sostenido desde su formulación inicial en el año 2011, periodo en el cual el Estado contempló una inversión de 65 millones de soles. Para enero de este año, los recursos públicos estimados para la ejecución integral de los trabajos de modernización se quintuplicaron, alcanzando un valor total de 366 millones de soles en las proyecciones presupuestales vigentes.

La construcción de los nuevos pabellones se inició originalmente en el año 2019, pero la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 obligó a la paralización de las actividades en el terreno. La reactivación formal del proyecto fue anunciada públicamente en octubre de 2025 por el entonces presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, quien adelantó la existencia de un ganador antes de que las bases figuraran en el sistema informático de contrataciones públicas.

¿Qué empresas integran el consorcio y cuáles son sus antecedentes de sanción?

El consorcio Infra Penal Arequipa está integrado por las empresas Ahren Contratistas Generales SAC, Supervisa y Construye M&G SAC y Constructora M&J SAC, entidades que obtuvieron el contrato de 192 millones de soles. Según los registros de sanciones del tribunal de contrataciones del Estado, los miembros de este consorcio acumulan antecedentes graves de inhabilitación temporal por vulnerar la normativa de contrataciones del sector público.

La abogada especialista en contratos públicos, Cecilia Ruiz, indicó que declarar información falsa o adjuntar documentos falsos constituye la infracción más grave dentro del régimen de contratación estatal. Las pesquisas sectoriales precisan que la empresa Constructora M&J SAC cumplió una sanción de inhabilitación temporal de 37 meses por presentar documentación falsa, penalidad que venció un mes antes de recibir la nueva adjudicación del Minjus.

Por su parte, la empresa Ahren Contratistas Generales SAC registra en su historial una sanción de inhabilitación temporal de 40 meses que concluyó en julio de 2024, seguida por una segunda penalidad consecutiva de 4 meses de inhabilitación. Asimismo, se constató de forma presencial que en la dirección fiscal declarada por este grupo empresarial no funciona ninguna oficina o centro de operaciones administrativo que se encuentre brindando atención al público de manera regular.

¿Quiénes asumieron la representación legal del consorcio Infra Penal Arequipa?

La designación de los representantes legales del consorcio Infra Penal Arequipa recayó en los abogados Pierre Angello Escobar Otoya y Gustavo Salas Ortiz, cuyas acreditaciones quedaron oficializadas en las actas correspondientes el 17 de marzo de este año. La investigación periodística corroboró que el abogado Gustavo Salas Ortiz figura actualmente en condición de investigado dentro de diversas carpetas fiscales a cargo del Ministerio Público.

El abogado Pierre Escobar Otoya se incorporó previamente al área de litigios penales de la firma Santiváñez Antúnez Abogados, estudio jurídico de propiedad del exministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien ejerció la titularidad del sector hasta dos meses antes de la adjudicación de la obra. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la cartera ministerial que tiene bajo su adscripción al INPE y la que impulsó de forma directa el financiamiento para ejecutar la ampliación del penal de Arequipa.

El representante legal del consorcio admitió que es la primera vez que asume la representación jurídica de un grupo empresarial ante el Estado y que no posee experiencia técnica en procesos de contrataciones públicas. Adicionalmente, se verificó la existencia de comunicaciones escritas donde el expresidente del INPE, Iván Paredes Yataco, felicitaba a Escobar Otoya por su incorporación profesional al estudio del exministro de Justicia.