PJ ordena a diputada Jessica Navas pago de reparación civil
La jueza Ana Bedoya Maque absolvió en el fuero penal a la legisladora Navas por presunta malversación pero fijó el monto económico a favor del Estado.
El Poder Judicial sentenció a la diputada Jessica Navas Sánchez de Onuki al pago de S/ 150000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
La resolución judicial fue emitida en adelanto de fallo tras culminar el juicio oral por presuntas irregularidades en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ucayali.
La magistrada a cargo del proceso determinó la responsabilidad civil solidaria de la legisladora de Fuerza Popular junto a otros dos procesados del proyecto turístico regional.
La lectura integral con los fundamentos técnicos de la sentencia se llevará a cabo el 10 de setiembre a las 6:00 p. m.
El Poder Judicial determinó el pago solidario contra Navas y dos coacusados
La jueza Ana Bedoya Maque declaró fundada en parte la pretensión económica presentada por los representantes del Estado peruano contra la congresista Navas.
La disposición legal obliga a que el desembolso de los S/ 150000 sea cancelado de forma conjunta por los tres ciudadanos implicados en el proceso.
El fallo comprende en esta misma obligación económica a Lisette Rengifo Rojas y Wilber Trujillano Alcalá como partes del expediente.
La sede judicial notificó que los argumentos jurídicos de la reparación fijada se expondrán formalmente durante la audiencia programada para la lectura completa.
La jueza absolvió a Navas de los delitos de malversación y peculado
El Tercer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios resolvió absolver penalmente a la parlamentaria Navas por los cargos formulados por el Ministerio Público.
La decisión descartó la imposición de una sanción punitiva privativa de la libertad por las figuras de malversación de fondos y peculado.
La acusación fiscal señalaba que la congresista incurrió en ilícitos penales durante su gestión como coordinadora de un proyecto de inversión pública en la región Ucayali.
No obstante, el órgano jurisdiccional determinó que los hechos analizados no ameritaban condena penal, aunque mantuvo la exigencia de resarcimiento económico.
La Fiscalía sustentó compras de vehículos fuera del cronograma autorizado
El Ministerio Público sostuvo en su acusación que la entidad regional ejecutó compras de vehículos motorizados por S/ 560467 sin contar con el aval del cronograma de desembolsos.
El requerimiento fiscal detalló que el gasto correspondió a un bus turístico de dos pisos, una camioneta de tracción 4x4 y cuatro motocicletas durante el ejercicio 2015.
Los fondos utilizados pertenecían al proyecto de Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha, financiado por el MINCETUR mediante Plan COPESCO Nacional en el marco de la Ley 30281.
La entidad ejecutora advirtió en reiteradas observaciones técnicas que dichos bienes no formaban parte de las partidas presupuestales aprobadas para la transferencia de S/ 2985631.
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