Poder Judicial archiva investigación contra José Domingo Pérez

El Poder Judicial dispuso el archivo definitivo de la investigación penal seguida contra el fiscal José Domingo Pérez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La decisión fue adoptada por el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Lima, que concluyó que no se acreditó un incremento patrimonial injustificado durante el periodo investigado.

El caso se inició en 2023 a partir de una denuncia ciudadana que cuestionaba la evolución económica del fiscal, especialmente por la compra de un vehículo y la existencia de obligaciones financieras vinculadas a inmuebles. En respuesta, el Ministerio Público solicitó una revisión detallada de su situación financiera.

Juzgado concluye que no hubo enriquecimiento ilícito

La resolución judicial declaró fundado el pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal Reggis Oliver Chávez. El juzgado consideró que los informes periciales contables demostraron coherencia entre los ingresos y egresos del fiscal. La evaluación técnica final descartó un desbalance patrimonial, registrando incluso un resultado favorable al investigado.

Según el tribunal, el tipo penal de enriquecimiento ilícito requiere acreditar un aumento injustificado del patrimonio como resultado del ejercicio del cargo público. Al no configurarse este elemento, se dispuso el cierre del proceso penal.

Medidas restrictivas fueron levantadas

La decisión judicial también ordenó levantar todas las medidas coercitivas dictadas durante el proceso. Asimismo, se dispuso la devolución de la carpeta fiscal al despacho correspondiente. Con ello, se cerró formalmente el expediente, sin perjuicio de una eventual reapertura si surgieran nuevos elementos probatorios.

El juzgado señaló que dicho escenario es improbable, dado que la investigación fue extensa y culminó con informes técnicos respaldados por los órganos competentes.

Peritajes contables cerraron el caso

Durante el proceso se realizaron tres peritajes contables. El primero arrojó un posible desbalance, pero fue cuestionado por inconsistencias técnicas. Posteriormente, y por disposición de la Corte Suprema, se efectuó una ampliación del análisis financiero, limitada al periodo entre el 1 de enero de 2014 y el 8 de marzo de 2021.

El informe final acreditó que no existió un incremento patrimonial ilícito. Este resultado fue determinante para sustentar el pedido de sobreseimiento, avalado tanto por el Ministerio Público como por el juzgado.

Ministerio Público y Procuraduría no formularon objeciones

El sobreseimiento fue respaldado por el Ministerio Público, que consideró inviable continuar con la investigación por falta de elementos de convicción. Además, la Procuraduría Pública no presentó oposición ni solicitó reparación civil, reforzando así la decisión judicial.

El juzgado concluyó que no existe posibilidad razonable de incorporar nueva evidencia que permita sustentar una acusación penal ante un tribunal.

Pérez advierte consecuencias por decisión de Gálvez

En paralelo al cierre del caso, José Domingo Pérez se refirió a la posible desactivación del Equipo Especial Lava Jato. En RPP, sostuvo que cualquier decisión en ese sentido será de exclusiva responsabilidad del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

Pérez recordó el antecedente del exfiscal Pedro Chávarry, condenado por encubrimiento al retirar a fiscales de casos emblemáticos. Afirmó que los anuncios de Gálvez generan incertidumbre sobre el futuro de investigaciones en curso.

Críticas al rol de Gálvez y ausencia de diálogo institucional

El fiscal declaró que desde que Gálvez asumió interinamente la Fiscalía de la Nación, no se ha establecido ningún canal de comunicación con los miembros del Equipo Especial, liderado por Rafael Vela. Añadió que este distanciamiento institucional agrava el escenario para las investigaciones.

Según Pérez, Gálvez ha manifestado su intención de consultar con la Junta de Fiscales Supremos, pero también ha declarado públicamente que procederá con la desactivación incluso sin consenso. El fiscal advirtió que esta posición pone en riesgo causas abiertas y la estabilidad de los equipos fiscales.

Pérez cuestiona imparcialidad de decisiones del fiscal de la Nación

Durante su intervención radial, José Domingo Pérez sostuvo que Gálvez debería abstenerse de tomar decisiones sobre los equipos especiales por haber emitido opinión previa antes de asumir su actual cargo. Según el fiscal, esta situación compromete la objetividad de cualquier medida que pueda adoptar.

Asimismo, Pérez recordó que Gálvez ha utilizado calificativos despectivos contra él y contra Rafael Vela, lo que —según su declaración— revela una falta de respaldo institucional y posibles motivaciones personales.

Responsabilidad directa por decisiones en el Ministerio Público

Pérez afirmó que si se concreta la desactivación del Equipo Especial Lava Jato, las consecuencias recaerán enteramente en la gestión de Tomás Gálvez. “Las consecuencias de los casos o el resultado de los casos va a ser absolutamente su responsabilidad”, declaró.

El fiscal reiteró su preocupación por el impacto que tendría esta medida en investigaciones de alto perfil. Señaló que el equipo ha trabajado bajo estructuras temporales y que su desactivación interrumpiría procesos relevantes para el sistema judicial.

El Poder Judicial archivó de manera definitiva la investigación penal contra el fiscal José Domingo Pérez, al no encontrar indicios de enriquecimiento ilícito. El juzgado levantó las medidas restrictivas y cerró el proceso. En paralelo, Pérez advirtió que la eventual desactivación del Equipo Especial Lava Jato, anunciada por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, sería de su exclusiva responsabilidad. Criticó la falta de diálogo con el nuevo titular del Ministerio Público y cuestionó su imparcialidad. También alertó sobre el riesgo que esta medida podría representar para causas abiertas de alto perfil como la del caso Lava Jato.