Procurador de JNE: Delito contra el sufragio se pena hasta 8 años

El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, anunció la formalización de una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. La medida alcanza también a cuatro funcionarios de la institución y al representante legal de la empresa encargada del transporte del material electoral.

La denuncia presentada ante el Ministerio Público responde a las irregularidades detectadas durante la jornada dominical, donde no se instalaron 211 mesas de votación a nivel nacional. Ronald Angulo explicó en entrevista con Canal N que las acciones legales contra Corvetto buscan determinar las responsabilidades por el perjuicio causado a miles de electores.

Cargos y penas privativas de la libertad

El representante legal del organismo electoral detalló que los delitos imputados incluyen la afectación al derecho al sufragio, contemplado en el artículo 359 del Código Penal. Según precisó el abogado Angulo, por el delito contra el derecho de sufragio la pena es de 2 a 8 años de cárcel para los responsables.

Además de este cargo, la denuncia contra Corvetto incluye el presunto delito de omisión o demora de actos funcionales, cuya sanción máxima alcanza los dos años de pena privativa. El procurador sostuvo que existió una evidente negligencia en la supervisión de la capacidad operativa de la empresa encargada de distribuir las ánforas.

Imputación por obstaculización del acto electoral

Un tercer delito incluido en el expediente es la obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, tipificado en la Ley Orgánica de Elecciones. El procurador Angulo enfatizó que la falta de material en los colegios impidió que más de 55 000 ciudadanos ejercieran su voto durante la jornada del domingo.

La denuncia sostiene que la gestión de Corvetto no verificó adecuadamente si la contratista contaba con los camiones necesarios para el despliegue logístico. Esta omisión en la etapa de planificación técnica es el fundamento principal de la investigación preliminar que deberá iniciar la Octava Fiscalía Corporativa Penal de Lima.

Detención del gerente de logística de la ONPE

Durante la entrevista, el procurador se refirió a la detención del gerente de logística de la institución por parte de la Policía Nacional. Ronald Angulo explicó que esta medida respondió a un presunto delito de flagrancia, dado que el impedimento del sufragio era evidente ante la ausencia del material electoral.

El abogado aclaró que la detención fue dispuesta por el Ministerio Público tras las intervenciones realizadas en los locales de votación afectados. La responsabilidad de supervisar que el material llegue en hora y fecha oportuna recaía directamente sobre esta gerencia, bajo la dirección general de Corvetto en la ONPE.

Incumplimiento de la empresa de transportes

La fiscalización del JNE detectó que la empresa Galaga SAC no cumplió con el cronograma de entrega de actas y cédulas de votación. Según la denuncia, los funcionarios de Corvetto conocían días antes de la elección que la compañía intentaba alquilar vehículos menores para suplir su falta de capacidad operativa logística.

Esta situación generó el colapso en la distribución hacia los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, entre otros sectores. El procurador Ronald Angulo señaló que la ONPE presentó herramientas tecnológicas como el STAE, pero no garantizó la infraestructura básica necesaria para el desarrollo de estas elecciones.

Proceso en el Ministerio Público

La denuncia penal fue ingresada formalmente este lunes a las 14:22 horas ante las autoridades fiscales correspondientes para su procesamiento inmediato. El procurador Angulo manifestó que es obligación del JNE denunciar cualquier irregularidad que afecte la transparencia y legalidad del proceso electoral nacional de este año.

Ahora el fiscal a cargo de la investigación preliminar deberá determinar si procede la formalización de la investigación preparatoria contra Corvetto y los demás implicados. El sistema de justicia evaluará si las pruebas presentadas por la Procuraduría sustentan el inicio de un proceso penal ante el Poder Judicial próximamente.

Responsabilidades administrativas y penales

El procurador recalcó que la denuncia no se basa en aspectos subjetivos, sino en hechos concretos que perjudicaron el desarrollo normal de la votación. La omisión de funciones por parte de los funcionarios de la ONPE, liderados por Corvetto, constituye el eje central de los cuestionamientos presentados por la autoridad electoral.

El procurador del JNE, Ronald Angulo, denunció penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y cuatro funcionarios por delitos contra el derecho al sufragio, cuya pena oscila entre 2 y 8 años de cárcel. La acusación se basa en la falta de instalación de 211 mesas de votación el domingo 12 de abril, afectando a más de 55 000 ciudadanos. Angulo detalló que hubo omisión de funciones y obstaculización del acto electoral debido a fallas logísticas de la empresa transportista Galaga. La denuncia fue presentada ante la Octava Fiscalía Corporativa de Lima tras la detención en flagrancia del gerente de logística institucional.