Proponen cadena perpetua por extorsión y terrorismo urbano
La propuesta legislativa busca endurecer el Código Penal ante el aumento de la criminalidad organizada, con penas severas para proteger a la ciudadanía.
Un nuevo proyecto de ley fue presentado por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, con el fin de modificar el Código Penal e imponer cadena perpetua por extorsión y terrorismo urbano.
La medida apunta a endurecer las penas ante el incremento de la inseguridad y la criminalidad organizada en el país. El proyecto contempla también su aplicación a personas jurídicas.
En su exposición de motivos, se señala que los delitos de extorsión y terrorismo urbano afectan directamente derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la libertad de tránsito.
La propuesta se sustenta en estadísticas alarmantes que revelan un aumento sostenido de denuncias por extorsión y una creciente percepción de inseguridad entre la población.
Impacto económico y social
Según el proyecto, estos delitos han generado un impacto negativo sobre la economía, provocando el cierre de negocios, pérdida de empleos y disminución de inversiones privadas.
Además, el clima de zozobra generado por el llamado terrorismo urbano ha frenado el desarrollo económico en diversas regiones del país, afectando especialmente a sectores vulnerables.
El texto legislativo incorpora nuevas definiciones penales. Se define la extorsión como la coacción a través de amenazas o violencia con el fin de obtener beneficios indebidos, con agravantes que permitirían aplicar cadena perpetua.
El terrorismo urbano, por su parte, incluye actos delictivos que generen alarma pública sin necesidad de motivación ideológica.
Medidas complementarias
La propuesta no se limita al endurecimiento de penas. Incluye también medidas complementarias como programas de prevención, campañas de concienciación, apoyo a víctimas y la creación de una línea directa de denuncias en la Policía Nacional.
Asimismo, resalta la necesidad de una respuesta integral del Estado que involucre a múltiples entidades públicas.
El proyecto se alinea con políticas estatales enfocadas en combatir la violencia, fortalecer la seguridad ciudadana y reducir la impunidad.
Actualmente, se encuentra en fase de evaluación en el Congreso y podría debatirse en las próximas semanas.
Tags
Relacionadas
