Las propuestas de los candidatos para combatir la inseguridad

¿Cuáles son las medidas proponen los candidatos presidenciales contra la inseguridad?

La crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país, marcada por extorsiones y ataques con explosivos, ha centrado el debate electoral en soluciones drásticas. César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso, anunció un Plan de Choque de 150 días que contempla la creación del Comando Nacional para Erradicar el Crimen. Esta unidad de inteligencia incorporaría a 5000 licenciados de las fuerzas armadas, con edades entre los 25 y 30 años, requiriendo una inversión estimada de 220 millones de soles.

Por su parte, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, fundamentó su estrategia en la denominada "mano dura" y la construcción de un mega penal inspirado en el modelo salvadoreño. La candidata aseguró que, de llegar al Gobierno, concluiría dicha infraestructura en menos de un año bajo un régimen de emergencia. Asimismo, planteó que los internos trabajen para costear sus alimentos de calidad, señalando que el INPE gasta actualmente 1000 millones de soles anuales en este rubro.

En una línea de reforma institucional, Alfonso López Chau, de Ahora Nación, propuso que el examen de admisión a la Policía sea administrado por las universidades más prestigiosas del país para erradicar la corrupción en los ingresos. El candidato confirmó que su plan de seguridad es liderado por el coronel en retiro Harvey Colchado, a quien ha propuesto como su eventual ministro del Interior para ejecutar cambios en la meritocracia policial y el uso de polígrafos.

¿Qué candidatos plantean el uso de la pena de muerte y la salida de tratados?

La aplicación de la pena capital ha resurgido como una promesa recurrente entre los aspirantes que encabezan los sondeos. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, manifestó su intención de someter a referéndum la pena de muerte para violadores y funcionarios corruptos. El actual candidato también detalló un plan de expulsión masiva para extranjeros sin estatus legal, el cual consistiría en capturarlos y trasladarlos en barcos hacia sus países de origen, restableciendo relaciones diplomáticas para tal fin.

Carlos Álvarez, de País Para Todos, coincidió en la necesidad de aplicar la pena de muerte, específicamente para sicarios capturados en flagrancia. Durante sus actividades proselitistas, el candidato propuso declarar de prioridad nacional el inconcluso mega penal de Ica, paralizado desde el año 2020. Bajo la modalidad Fast Track, Álvarez busca eliminar trabas administrativas mediante decretos de urgencia para habilitar centros de reclusión de máxima seguridad de manera inmediata.

La candidata Fujimori también dejó abierta la posibilidad de que el Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH) si esto fuera necesario para endurecer las penas y garantizar el orden interno. Según indicó, su prioridad será recuperar el control de las fronteras, para lo cual planea adquirir 1000 patrulleros en los primeros días de su gestión mediante facultades especiales, enfocándose proactivamente en zonas críticas como la frontera de Tumbes.

¿Qué posturas existen frente a la reforma del Estado y las leyes actuales?

La reducción del aparato estatal es otro eje propuesto para optimizar los recursos destinados a la seguridad. López Aliaga planteó fusionar ministerios para quedarse con solo seis carteras, argumentando que el ahorro generado permitiría priorizar la lucha contra el crimen. El candidato señaló que este recorte implicaría la salida de personal vinculado a cuotas políticas de otros partidos, manteniendo únicamente a los funcionarios de carrera técnica.

En cuanto al marco legal vigente, LópezChau se comprometió a derogar las normas calificadas como pro crimen emitidas por el actual Congreso, alegando que maniatan la labor de la justicia. Sin embargo, Keiko Fujimori defendió la revisión de estas leyes, sosteniendo que el objetivo de las mismas fue acelerar los procesos judiciales para combatir la impunidad, pues según sus cifras, de cada 10 000 denuncias en el país, solo cinco llegan a recibir una sentencia efectiva.

Finalmente, el panorama electoral muestra contrastes en la disposición de los candidatos para exponer sus planes. Mientras algunos detallan presupuestos y plazos, otros como Roberto Sánchez de Juntos por el Perú evitaron brindar declaraciones concretas sobre sus propuestas de seguridad al ser consultados en Chimbote. Asimismo, el equipo de Jorge Nieto no concretó los encuentros solicitados para explicar sus estrategias de lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.