Reinstauran el financiamiento privado para partidos políticos

La Comisión Permanente aprobó, en segunda votación, este martes 6 de enero, el texto sustitutorio del dictamen recaído en los proyectos de ley 3153, 4597 y otros, que restituye el financiamiento privado a las organizaciones políticas. 

Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, defendió la norma, asegurando que se garantizaría la transparencia del financiamiento, lo cual sería clave para evitar que recursos de fuentes ilegales, como las provenientes de mineras ilegales, financien campañas políticas.

En este sentido, los partidos políticos deberán presentar la documentación necesaria para que las fuentes de financiamiento sean legales y transparentes.

Además, la norma establece que al menos el 50% del financiamiento público recibido debe destinarse a actividades de formación política, y otro porcentaje puede utilizarse para gastos operativos y la adquisición de bienes necesarios para la organización política.

Diversifica las fuentes de ingreso reduciendo riesgo de que los partidos dependan exclusivamente del Estado, lo que podría limitar su independencia, capacidad y representación de los intereses genuinos de la ciudadanía. 

Fomenta la participación activa de la sociedad civil y el sector privado en la ida política promoviendo un vínculo más estrecho entre los actores sociales y los proyectos partidarios que consideran relevantes para el desarrollo del país. 

En paralelo, se aprobó una norma que busca reforzar la información a los usuarios del transporte público aéreo, como el aeropuerto Jorge Chávez, para que los ciudadanos estén mejor informados sobre las instalaciones y servicios disponibles.

Con relación a la ampliación del financiamiento público, la propuesta contempla apreciaciones importantes para que sea utilizada de manera responsable, solo para fines partidarios, y en el caso de los servicios de asesoría se ha establecido la obligación de devolver dicho monto en caso de dictarse sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada. 

Recalcó la necesidad de que la inclusión de financiamiento privado sea acompañada con estrictos mecanismos de transparencia y rendición de cuenta para evitar la influencia indebida de interés particulares sobre la agenda pública.