Roberto Sánchez: Abogado penalista ve “sospechosa” pérdida de actas
Jonathan Correa, abogado penalista, señaló que la desaparición reiterada de documentos de Juntos por el Perú genera “suspicacias” y podría interpretarse como ocultamiento de pruebas en plena investigación fiscal

El abogado penalista Jonathan Correa afirmó que la reiterada pérdida de actas y documentos vinculados a Juntos por el Perú agrava la situación judicial del candidato presidencial Roberto Sánchez y de su hermano William Sánchez, investigados por presunta falsa declaración y ocultamiento de información relacionada con aportes de campaña.
En entrevista con Canal N, el especialista consideró que la desaparición de documentos en diferentes oportunidades “levanta muchas suspicacias”, sobre todo porque ocurre en medio de una investigación fiscal sobre presuntos aportes irregulares durante las campañas electorales de 2018 y 2020.
“El hecho de perder documentos una vez podría entenderse como un descuido, pero que ocurra reiteradamente y sin precisiones claras sobre las circunstancias genera una mala justificación y podría interpretarse como una conducta dolosa para evitar que se encuentren registros importantes”, señaló.
Correa explicó que el Ministerio Público investiga si existió ocultamiento de información vinculada al financiamiento partidario y recordó que, en determinados casos, este tipo de conductas puede configurar delitos relacionados con el entorpecimiento de la administración de justicia.
El abogado abordó el pedido de la Fiscalía que solicita cinco años y cuatro meses de prisión contra Roberto Sánchez y otros investigados, sustentando su acusación en más de 160 elementos de convicción. Asimismo, recordó que el próximo 27 de mayo se desarrollará una audiencia de control de acusación, etapa en la que el Poder Judicial evaluará si el caso cumple los requisitos para pasar a juicio oral.
“El juez no va a decidir aún una condena. Lo que hará es verificar si la acusación fiscal cumple con las formalidades y si las pruebas presentadas pueden ser admitidas para un eventual juicio”, detalló.
Acusación genera cuestionamientos políticos debido a la cercanía con la segunda vuelta electoral
Correa también consideró que el momento en que la Fiscalía presenta la acusación genera cuestionamientos políticos debido a la cercanía con la segunda vuelta electoral. Sin embargo, aclaró que el Ministerio Público tiene la facultad de decidir cuándo concluye una investigación y presenta su requerimiento acusatorio.
“Sí existen suspicacias por la oportunidad política del caso, pero finalmente es el fiscal quien decide cuándo presentar la acusación una vez concluida la investigación”, manifestó.
El penalista recordó además que, si Roberto Sánchez llegara a asumir la Presidencia de la República, el proceso penal en su contra quedaría suspendido mientras dure su mandato, conforme al artículo 117 de la Constitución. No obstante, aclaró que las investigaciones contra los demás implicados continuarían su curso.
Correa añadió que, en caso de una eventual condena futura, podrían imponerse también medidas de inhabilitación política, dependiendo de lo que determine el Poder Judicial durante el proceso.









