Rutas de Lima: Sentencia del TC es arbitraria y vulnera nuestros derechos
La empresa aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional, que ordenó detener el cobro de peajes en Puente de Piedra, sienta "un precedente jurídico nefasto"
La concesionaria Rutas de Lima calificó de "arbitraria" la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó a la empresa suspender el cobro de peajes en Puente Piedra, asegurando que vulnera sus derechos contractuales, la Constitución peruana, las leyes y los tratados internacionales.
A través de un comunicado, Rutas de Lima advirtió que la decisión del TC "sienta un precedente jurídico nefasto para todos los inversionistas y titulares de concesiones" en el país, además de generar "un clima de inseguridad jurídica".
Asimismo, para la concesionaria, la resolución del TC se da en un contexto en que dicha empresa "viene siendo objeto de una campaña de hostilización sistemática por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Defensoría del Pueblo y otras entidades y actores políticos", señalando explícitamente al alcalde Rafael López Aliaga.
Además, señaló que, junto a sus accionistas, se reservan el derecho de implementar acciones legales a nivel local e internacional para "defender sus derechos frente a estar arbitraria decisión".
TC EXHORTÓ AL PODER JUDICIAL RESOLVER PROCESOS CON CELERIDAD
Cabe recordar que la decisión del TC se mantendrá hasta que se adopten las medidas para cesar el acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito o hasta que la justicia penal emita los pronunciamientos judiciales correspondientes, con calidad de firmes, que determinen si el contrato de concesión y sus adendas tuvieron un origen ilícito o no.
Además, el TC exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público para que los jueces y fiscales que conocen los procesos penales contra los exfuncionarios públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y demás personas que resulten responsables de la celebración del contrato de concesión y adendas, resuelvan los mismos con la celeridad que permita la ley, bajo responsabilidad penal y administrativa.