Segundo Montalvo pide dejar sin efecto decreto sobre Petroperú
El congresista solicitó suspender la ejecución del decreto y advirtió cuestionamientos de constitucionalidad respaldados por instituciones del Estado y la sociedad civil.
El congresista Segundo Montalvo solicitó al presidente José María Balcázar dejar sin efecto el Decreto de Urgencia 010-2025, que establece medidas para la reorganización patrimonial de Petroperú. El pedido fue formalizado mediante un oficio enviado al Ejecutivo.
El documento plantea que se evalúe la procedencia de anular la norma en coordinación con el Consejo de Ministros. El legislador argumenta que existen cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
Oficio enviado al Ejecutivo sobre Petroperú
El congresista Segundo Montalvo remitió un oficio al presidente solicitando la revisión del decreto. En el documento formula una exhortación para dejar sin efecto la medida.
El pedido se sustenta en observaciones de diversas instituciones. Estas han cuestionado la legalidad y el sustento técnico de la norma.
El legislador representa a la región Amazonas. Su solicitud busca una evaluación formal del decreto.
Cuestionamientos al Decreto de Urgencia 010-2025
El Decreto de Urgencia 010-2025 establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Estas están orientadas a la reorganización patrimonial de Petroperú.
Según el documento, la norma enfrenta cuestionamientos de constitucionalidad. Estos han sido planteados por entidades del Estado y de la sociedad civil.
El congresista sostiene que la medida carece de sustento técnico. También menciona observaciones legales sobre su aplicación.
Instituciones que se pronunciaron sobre Petroperú
El congresista citó informes de la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Lima y el Colegio de Ingenieros del Perú. También mencionó a la Municipalidad Provincial de Talara y a la Coalición de Sindicatos de Petroperú.
Estas instituciones han expresado su rechazo al decreto. Señalan que no cuenta con fundamentos técnicos ni constitucionales.
Los cuestionamientos forman parte de los argumentos del legislador. Estos respaldan su solicitud al Ejecutivo.
Pedido de suspensión de medidas sobre Petroperú
El congresista solicitó la suspensión de los actos de ejecución del decreto. Este pedido busca evitar decisiones irreversibles sobre Petroperú.
Se plantea detener acciones que comprometan el patrimonio de la empresa. También aquellas que impliquen la transferencia de activos estratégicos.
El pedido incluye medidas preventivas mientras se evalúa la norma. La solicitud fue incluida en el oficio remitido.
Contenido del decreto sobre reorganización
El decreto autoriza la segmentación de activos de Petroperú. También encarga a Proinversión la gestión del proceso.
La norma contempla la derogación del artículo 1 de la Ley N.° 28244. Esta disposición excluía a la empresa de la promoción de inversión privada.
Asimismo, establece transferencias de hasta S/ 240 millones de fondos de electrificación rural. También incluye transferencias de hasta S/ 144 millones a Proinversión.
Datos sobre participación de Petroperú en el mercado
El congresista señaló que Petroperú tiene una participación del 26% del mercado nacional de combustibles. También posee el 42% en diésel y 31% en gasolina.
Además, indicó que alcanza el 85% en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Estas zonas son consideradas de alta vulnerabilidad.
Estos datos fueron incluidos como parte del sustento del pedido. El legislador destacó su relevancia estratégica.
Proceso en el Tribunal Constitucional
El documento menciona que existe una demanda de inconstitucionalidad. Esta fue admitida por el Tribunal Constitucional.
El expediente corresponde al número 00003-2026-AI. El proceso se encuentra en evaluación.
El congresista considera este proceso como un elemento relevante. Señala que debe ser considerado en la revisión del decreto.
El congresista Segundo Montalvo solicitó al presidente José María Balcázar dejar sin efecto el Decreto de Urgencia 010-2025 sobre la reorganización de Petroperú. El pedido se sustenta en cuestionamientos de constitucionalidad planteados por diversas instituciones, como la Defensoría del Pueblo y colegios profesionales. También solicitó suspender la ejecución de medidas que comprometan el patrimonio de la empresa. El decreto contempla la segmentación de activos, transferencias económicas y la participación de Proinversión. Además, existe una demanda de inconstitucionalidad en trámite ante el Tribunal Constitucional, que evaluará la validez de la norma cuestionada.
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