Silvana Robles pide investigar caso de presunta agresión sexual en el Liceo Naval

La senadora de Juntos por el Perú explicó que la comisión encargada de abordar esta problemática elaborará un informe en un plazo de 30 días. Precisó que no se trata de una comisión investigadora, por lo que su función será analizar la situación y presentar conclusiones para que la instancia correspondiente determine las acciones que correspondan
La senadora de Juntos por el Perú, Silvana Robles, sostuvo que el caso de los 10 menores investigados por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años en el Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, debe ser abordado como parte de una problemática más amplia de violencia en las instituciones educativas del país.
En declaraciones a la prensa, Robles señaló que desde el Senado se debe analizar la violencia que afecta a la población escolar y recordó que recientemente se registró la muerte de un adolescente en la región Junín.
La legisladora explicó que la comisión encargada de abordar esta problemática elaborará un informe en un plazo de 30 días. Precisó que no se trata de una comisión investigadora, por lo que su función será analizar la situación y presentar conclusiones para que la instancia correspondiente determine las acciones que correspondan.
Consultada sobre la posibilidad de que los menores investigados sean procesados como adultos, Robles señaló que se trata de un tema debatible y recordó que el Congreso anterior aprobó una norma relacionada con la imputabilidad de menores que posteriormente fue observada por el Ejecutivo.
La senadora indicó que votó en contra de dicha propuesta y sostuvo que mantiene esa posición. “El hecho de encarcelar niños no resuelve el problema”, afirmó Robles, quien consideró que la violencia juvenil responde a factores estructurales que involucran a la sociedad, el Estado y las familias.
Respecto al vencimiento del plazo de retención de los 10 menores, la legisladora señaló que corresponde al Ministerio Público desarrollar las diligencias dentro del marco legal y adoptar las decisiones que correspondan de acuerdo con los resultados de la investigación.
Juntos por el Perú mantiene debate sobre facultades
Sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, Robles cuestionó que la solicitud incluya materias que, según sostuvo, no estarían directamente relacionadas con la urgencia de enfrentar la criminalidad.
La senadora afirmó que inicialmente la posición de Juntos por el Perú era no otorgar las facultades y cuestionó que el pedido abarque asuntos vinculados, según indicó, con la Amazonía. Sin embargo, precisó que todavía existe un proceso de debate dentro de la agrupación y que no se ha definido una posición definitiva sobre todos los puntos de la solicitud.
Robles explicó que, al pertenecer a la Cámara Alta, aún no se ha reunido con los diputados de su bancada para adoptar una posición conjunta. “Estamos en un proceso de debate a la interna”, señaló.
La legisladora consideró además que el Ejecutivo cuenta con atribuciones para adoptar determinadas decisiones sin necesidad de recibir facultades extraordinarias del Congreso.
Cuestiona declaraciones del defensor del Pueblo
Respecto a la moción presentada para remover al defensor del Pueblo, Robles sostuvo que el Congreso tiene entre sus atribuciones ejercer control político y evaluar las declaraciones realizadas por el funcionario. La senadora cuestionó las declaraciones del defensor del Pueblo sobre un eventual cierre del Congreso y calificó su forma de expresarse como “grotesca” y “desatinada”.
En ese sentido, consideró que el titular de la Defensoría debería concentrarse en la defensa de los derechos de la población y en asuntos vinculados con las funciones de su institución.
Robles también señaló que corresponde revisar desde el Congreso las actuaciones relacionadas con las muertes registradas en el país después del 7 de diciembre de 2022, como parte de las materias que, según afirmó, deberían recibir atención de la Defensoría.
Finalmente, sostuvo que las acciones contra el defensor del Pueblo deberán seguir los procedimientos establecidos por el Congreso y que corresponde a las instancias parlamentarias evaluar la eventual responsabilidad política que pudiera existir.








