Valeriano pide a la presidenta Keiko Fujimori presentar un plan concreto para combatir a las organizaciones criminales

El sector de transportistas de Lima y Callao anunció una paralización para el próximo 25 de agosto ante el incremento de los casos de extorsión, sicariato y asesinatos contra trabajadores del transporte público. La medida fue anunciada por Martín Valeriano, presidente de ANITRA, quien cuestionó las acciones adoptadas por el Gobierno para enfrentar la criminalidad.

Durante una entrevista con Canal N, Valeriano señaló que la situación del sector se ha agravado durante las últimas semanas y afirmó que, según cifras que maneja su gremio, más de 160 transportistas han sido asesinados en lo que va del año. Ante ello, pidió a la presidenta Keiko Fujimori presentar un plan concreto para combatir a las organizaciones criminales.

"Keiko Fujimori debería liderar y tener toda la voluntad política de dar pues batalla a estas organizaciones criminales. Con el servicio de inteligencia que tiene que ver con los paraderos de estos criminales, porque hasta el momento pues no vemos definitivamente acciones concretas por parte de este gobierno", manifestó.

El dirigente cuestionó especialmente el despliegue de las Fuerzas Armadas en terminales y patios de maniobras, al considerar que los principales ataques contra los transportistas ocurren durante los recorridos. Según indicó, la presencia militar en estos puntos no ha impedido que continúen los asesinatos.

Gremio denuncia cobro generalizado de cupos

Valeriano sostuvo que casi el 100 % de las empresas formales de transporte estarían siendo víctimas de extorsión y que los trabajadores deben realizar pagos diarios a diferentes organizaciones criminales para poder continuar operando.

Según explicó, los montos exigidos pueden variar entre 40 y 60 soles diarios por unidad, aunque las empresas también enfrentarían amenazas de otras bandas incluso después de cumplir con los pagos.

El presidente de ANITRA cuestionó además las declaraciones del ministro del Interior, César Astudillo, sobre una eventual reducción de los índices delictivos y sostuvo que los transportistas perciben un incremento de los ataques.

Exigen reunión con la presidenta

Valeriano afirmó que los gremios han enviado cartas para solicitar una reunión con la presidenta Keiko Fujimori, pero que hasta el momento no han recibido una respuesta. Señaló que los transportistas buscan participar en la elaboración de estrategias para enfrentar la criminalidad debido a su experiencia directa con las amenazas y ataques.

El dirigente planteó la necesidad de fortalecer los servicios de inteligencia y crear un cuerpo de élite integrado por policías, fiscales y representantes del Poder Judicial que permita identificar y procesar rápidamente a los integrantes de las organizaciones criminales.

Asimismo, pidió una mayor articulación entre las instituciones del Estado y cuestionó que personas detenidas por delitos vinculados a la criminalidad puedan recuperar su libertad en poco tiempo.

Paro involucraría a más de 15 mil unidades

Valeriano indicó que la convocatoria inicial reúne a nueve gremios de transportistas, que representan a más de 15 mil unidades. La paralización se realizará en Lima y Callao y, según afirmó, fue aprobada por unanimidad por las organizaciones convocantes.

El dirigente sostuvo que la medida busca presionar al Gobierno para que adopte acciones concretas frente a la ola criminal y reciba a los representantes del sector. Advirtió que, de no producirse una respuesta, los transportistas mantendrán su decisión de paralizar sus actividades.

Entre las demandas del gremio también figura la revisión de las denominadas “leyes procrimen”, que, según Valeriano, dificultarían la lucha contra las organizaciones criminales. Mencionó específicamente la Ley N.° 32108 y pidió que el Ejecutivo impulse cambios legislativos para fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía y las demás instituciones del sistema de justicia.

Finalmente, el presidente de ANITRA reclamó medidas de apoyo para las familias de los conductores asesinados y reiteró que el sector requiere un liderazgo político firme, mayor inteligencia operativa y una acción coordinada entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para enfrentar las extorsiones y el sicariato.