PCM: "Antes de los primeros 180 días presentaremos un paquete normativo"

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, anunció esta mañana desde el Congreso de la República que se presentará un paquete normativo que contará con el respaldo del Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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Durante su exposición ante el pleno sobre los lineamientos del Gobierno de cara al pedido del voto de confianza, incidió en la lucha contra la corrupción y dijo que acudirá cada 180 días al Congreso para dar cuenta de la labor del Ejecutivo.

"Para institucionalizar este mecanismo, hoy asumimos el compromiso de venir cada 180 días para informar sobre los avances y dificultades en las propuestas que presentamos, y también para recoger los aportes del Congreso", dijo poco antes de las 11 de la mañana.

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Afirmó que "antes de los primeros 180 días, bajo el liderazgo del presidente (Martin Vizcarra), presentaremos un paquete normativo que cuenta con el respaldo del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, y que estamos seguros, contará con el respaldo del Congreso de la República".

Entre el paquete se encuentran medidas como:

Primero: Todos los ministros y altos funcionarios del Estado con capacidad de decisión y manejo de recursos públicos, empezando por el presidente de la República, "estarán obligados a presentar su declaración jurada de intereses y parentesco".

Segundo: "propondremos la ley de gestión de intereses o ley de lobbies para que estas actividades (gestión de intereses) sean parte de un proceso efectivamente regulado".

Tercero: el Gobierno planteará "un proyecto de ley de ampliación de la muerte civil por narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo".

Cuarto: "propuesta para reestructurar el modelo de financiamiento de las campañas electorales para la penalización de los aportes no declarados y la bancarización para el financiamiento de la política".

Quinto: "La ley de extinción de dominio que permitirá recuperar rápidamente los activos ilícitamente obtenidos por corruptos y lavadores de dinero".