Vizcarra: "INPE recomendó Barbadillo y este traslado es político"

El expresidente Martín Vizcarra afirmó que su traslado al penal de Ancón II no fue una medida técnica, sino una decisión política. Según indicó, dos juntas de clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinaron que debía permanecer en el penal de Barbadillo.

Vizcarra sostuvo que incluso la segunda junta, que lo evaluó el miércoles 20 de agosto, le dijo que si se decidía moverlo a otro penal sería por “una decisión política de otro nivel”. Por ello, responsabilizó al Gobierno de Dina Boluarte de su cambio de reclusión.

“Desde el momento en que se toma otra decisión no es motivo de la junta, sino de carácter político y de persecución”, afirmó el exmandatario en conversaciones con RPP Noticias. Añadió que el INPE depende del Ministerio de Justicia y este, a su vez, de la Presidencia de la República.

Acusación a Dina Boluarte

Martín Vizcarra acusó directamente al Gobierno de ser responsable de lo que consideró un traslado arbitrario. “Lo digo con todas sus letras. Estoy siendo vejado y trasladado”, expresó al señalar que la decisión responde a intereses políticos.

El exmandatario también calificó su prisión preventiva como abusiva y arbitraria, aunque aseguró que respeta la medida por ser una decisión judicial.

Versión del INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó en un comunicado que el cambio obedeció a razones de “seguridad penitenciaria”. Aunque inicialmente se dispuso enviarlo a Lurigancho, la entidad decidió su internamiento en Ancón II para cumplir los cinco meses de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial en los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

El INPE señaló que el ambiente donde se encuentra Vizcarra en Ancón II “cuenta con condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindar seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y psicológica”.

Contexto judicial

Martín Vizcarra cumple actualmente una orden de prisión preventiva de cinco meses por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. La medida restrictiva fue dictada mientras avanzan las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Con estas declaraciones, el expresidente marcó distancia con la versión oficial del INPE y reiteró que detrás de la medida existe una decisión política atribuida al Ejecutivo. El contraste entre ambas posturas mantiene abierto el debate sobre la naturaleza del traslado y su impacto en el proceso judicial que enfrenta.