Vladimir Cerrón apeló pago de reparación en caso Antalsis

El prófugo líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, apeló la decisión judicial que lo mantiene vinculado al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado por el presunto delito de colusión agravada. El recurso presentado por su defensa legal busca revocar la medida dictada en el marco del caso Antalsis. Según indicaron fuentes oficiales, el exgobernador regional de Junín continuará bajo proceso por otros cargos vigentes dentro de esta misma investigación gubernamental.

La resolución cuestionada fue emitida el pasado 10 de abril por el juez Leodan Cristóbal Ayala. En dicho pronunciamiento, el magistrado dispuso el archivamiento de la acusación penal por colusión agravada debido a que el propio Ministerio Público solicitó el sobreseimiento por falta de pruebas directas sobre un pacto ilícito. Sin embargo, el titular del juzgado determinó que el investigado debe continuar ligado a la causa para responder económicamente por los posibles daños y perjuicios ocasionados al país.

El recurso de apelación técnica fue admitido a trámite de manera formal por el órgano jurisdiccional el último 20 de mayo. El expediente fue elevado a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional para su respectiva evaluación legal. Los magistrados de esta instancia superior tienen la responsabilidad de programar una audiencia virtual con las partes involucradas para evaluar los argumentos expuestos y emitir una decisión definitiva.

Fundamentos jurídicos de la apelación y estado de la causa penal

La defensa técnica de Vladimir Cerrón sostiene que existe una contradicción lógica en la resolución emitida por el juez de primera instancia. Los abogados argumentan que no se puede mantener vigente la obligación de una reparación civil por un ilícito penal que ya ha sido desestimado y archivado por falta de evidencias. Asimismo, el sustento del recurso afirma que no existe un daño material o moral comprobado que se le pueda atribuir directamente a su patrocinado en este extremo específico del proceso.

Pese al archivamiento de la imputación por colusión agravada, el exgobernador regional de Junín mantiene vigentes otras acusaciones penales dentro del caso Antalsis. El Ministerio Público dispuso que el dirigente continúe bajo proceso por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho pasivo propio. Fuentes judiciales señalaron que el sobreseimiento de un cargo no exime al procesado de las otras responsabilidades penales atribuidas por los fiscales a cargo.

El investigado permanece en condición de prófugo de la justicia desde octubre del año 2023, evadiendo los mandatos de detención vigentes emitidos en su contra. De forma paralela, el líder partidario afronta una orden judicial de prisión preventiva por un caso independiente relacionado con el presunto financiamiento ilegal de campañas electorales. La Policía Nacional del Perú mantiene las órdenes de captura activas a nivel nacional para ejecutar su detención e internamiento en un centro penitenciario.

Tesis del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en Junín

La tesis planteada por el Ministerio Público señala que Vladimir Cerrón habría integrado una organización criminal presuntamente vinculada al ciudadano Martín Belaúnde Lossio. Según indicaron los informes fiscales, esta red delictiva habría defraudado al Estado peruano por un monto superior a los 26 millones de soles. Las operaciones bajo investigación se desarrollaron durante la gestión del procesado como presidente del Gobierno Regional de Junín entre los años 2011 y 2014.

Las presuntas irregularidades económicas se materializaron de manera específica durante los procesos de ejecución de las obras públicas de los puentes Comuneros y Eternidad. Las auditorías oficiales arrojaron que el gobierno regional firmó convenios institucionales con la empresa estatal SIMA. Posteriormente, dicha entidad pública subcontrató los servicios de la firma privada Antalsis para el desarrollo de los proyectos viales en la mencionada región del país.

El mecanismo de subcontratación empleado por la administración regional habría servido para eludir las normativas vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado. La fiscalía argumenta que esta modalidad contractual facilitó el favorecimiento ilícito a la presunta red criminal liderada por los investigados. El proceso penal general continuará su curso regular de forma independiente a la resolución de la apelación sobre la reparación civil que evalúa la Sala Nacional.