Abogado de Dina Boluarte: fallo del TC es un aporte a democracia
El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, aseguró que el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que suspende las investigaciones fiscales contra la mandataria hasta el fin de su mandato, no representa un beneficio personal. Afirmó que la decisión tiene alcance institucional y busca restituir un marco jurídico que garantice la estabilidad del gobierno durante el ejercicio presidencial.
“Esto en realidad es un aporte a la democracia que restablece una situación que ciertamente había sido interrumpida”, indicó Campos, en entrevista con Canal N, al referirse a la práctica que anteriormente impedía iniciar investigaciones fiscales contra presidentes en funciones por delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución.
El fallo del TC no beneficia a la presidenta Dina Boluarte
Campos enfatizó que la sentencia del TC no representa una ventaja directa para su defendida. “A quien menos beneficia es a la presidenta Boluarte, porque ya sufrió todo lo que en este momento el Tribunal ha dicho que ya no va a ocurrir”, afirmó.
En su opinión, la jefa de Estado enfrentó un escenario que, con esta resolución, se evitará para los futuros gobiernos.
Según explicó, la presidenta ya ha sido sometida a investigaciones fiscales que, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Constitución, no debieron haberse iniciado mientras estaba en funciones.
“Esta sentencia va a provocar situaciones hacia adelante donde el nuevo presidente, quien fuere, va a tener la protección constitucional que permite tranquilidad y gobernabilidad”, señaló Joseph Campos.
La aplicación del fallo es general, no particular
El abogado explicó que el contenido de la sentencia tiene una aplicación general y no exclusiva al caso de Dina Boluarte. “Cuando uno va a un conflicto competencial con el Ministerio Público, aparte de la interpretación, uno tiene que señalar los actos que justifican la interpretación que hace el Tribunal”, dijo.
Campos precisó que si bien el conflicto se planteó a partir de las investigaciones iniciadas contra Boluarte, la regla restablecida por el TC —según la cual solo se puede investigar a un presidente por los supuestos del artículo 117— es de carácter permanente y aplicable a todos los mandatarios.
“No se trata de un beneficio particular, como algunos interesados quieren hacer creer”, declaró.
No hay impunidad: expresidentes también fueron investigados después
Campos descartó que el fallo del TC implique impunidad para los presidentes. Aseguró que lo que se restituye es una regla ya existente que se aplicó a anteriores jefes de Estado.
“Toledo, Fujimori, García, Humala […] todos han sido investigados y procesados bajo la regla que el Tribunal está restableciendo”, señaló.
En ese sentido, insistió en que la medida no elimina la rendición de cuentas, sino que la posterga hasta después del mandato presidencial.
“No es verdad que esto contribuye a un nivel de impunidad. Como tengo presunción de inocencia y privilegio en la gobernabilidad, debo ser investigado luego”, afirmó el abogado.
La Constitución como base jurídica de la decisión
El fallo del Tribunal se basa en el artículo 117 de la Constitución, que establece los únicos casos por los cuales un presidente puede ser acusado durante su gestión: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso inconstitucionalmente o evitar el funcionamiento de los organismos electorales.
“Esta regla existe mucho antes, no ha aparecido con Dina Boluarte”, subrayó Campos. En ese marco, cuestionó que se haya instalado una práctica reciente que permite iniciar investigaciones por cualquier denuncia, sin que haya una sentencia ni un análisis jurídico previo.
La estabilidad política como componente clave de la democracia
El abogado también reivindicó la necesidad de garantizar gobernabilidad al jefe de Estado, incluso por encima del impulso político de iniciar investigaciones. “Cada vez que hay una denuncia contra un presidente de la República hay un oprobio público que se capitaliza políticamente y eso no se puede permitir”, advirtió.
A su juicio, es necesario proteger el funcionamiento del Ejecutivo frente a ataques o investigaciones prematuras que debiliten su autoridad.
“La tranquilidad para que gobierne es fundamental para la política”, afirmó. Reiteró que un presidente no es un funcionario cualquiera, sino que representa una voluntad nacional que debe ser respetada.
Referencia a jurisprudencia internacional sobre límites a las investigaciones
Durante la entrevista, Campos citó un reciente fallo judicial en Estados Unidos que restringe las investigaciones indefinidas a presidentes en ejercicio por actos oficiales. “Ya no se puede investigar para siempre al presidente de la República”, comentó.
Afirmó que este precedente refuerza el argumento de que se necesita una protección institucional para el cargo presidencial.
El abogado sostuvo que no se puede abrir una investigación solo porque alguien lanza una denuncia sin sustento. “No está bien que cualquier denuncia se convierta automáticamente en investigación”, sentenció.
En ese sentido, valoró que el Tribunal Constitucional haya puesto límites claros a este tipo de acciones fiscales.
Una sentencia que busca proteger la democracia, no a una persona
Joseph Campos finalizó la entrevista destacando el carácter institucional del fallo y descartando que sea una defensa a una persona en particular.
“El Tribunal Constitucional ha hecho algo importante e histórico”, afirmó. Además, consideró que participar en el proceso como defensor de la presidenta fue un acto de compromiso con la democracia.
“Lo único que va a ocurrir es simplemente suspender [la investigación] como todos los presidentes en la historia republicana del Perú han gozado de esta situación”, concluyó.
El abogado Joseph Campos defendió el fallo del Tribunal Constitucional como un aporte a la democracia, no como un beneficio personal a Dina Boluarte. Aseguró que la presidenta ya fue investigada y que el fallo restablece una práctica que protege la gobernabilidad. La medida no elimina la rendición de cuentas, sino que la posterga hasta después del mandato presidencial.